El litio se ha convertido en uno de los temas centrales en la campaña electoral rumbo a las elecciones generales del 17 de agosto en Bolivia. Aunque la industria aún no despega, el recurso es utilizado como moneda de cambio entre promesas políticas, polémicas inversiones extranjeras y denuncias de pactos cuestionables. En particular, llaman la atención los contratos firmados con empresas de China y Rusia por alrededor de US$ 2,000 millones, los cuales, según expertos, no beneficiarían al país de forma sustancial.
Tal como ocurrió en los comicios de 2020, el litio vuelve a protagonizar el debate político con propuestas que los especialistas califican como superficiales. Además, se han levantado sospechas sobre supuestos acuerdos con firmas extranjeras a cambio de respaldo electoral. Mientras tanto, la pugna por el control del recurso también se ha trasladado al Congreso, donde dos contratos de explotación han generado divisiones tanto en la oposición como dentro del oficialismo, especialmente entre los seguidores del expresidente Evo Morales, hoy distanciado del actual gobierno de Luis Arce.
De acuerdo con el Ejecutivo, Bolivia cuenta con unas 23 millones de toneladas de reservas de litio, principalmente ubicadas en el salar de Uyuni, en la región de Potosí. En 2023 se inauguró allí un complejo industrial estatal con capacidad para producir 15,000 toneladas anuales de carbonato de litio, mediante un sistema tradicional de evaporación en piscinas.
Sin embargo, la producción efectiva está muy por debajo de ese potencial. José Carlos Solón, investigador de la Fundación Solón, explicó que el problema no solo radica en las condiciones del yacimiento, sino también en la técnica de extracción utilizada. A diferencia del salar de Atacama en Chile —donde el litio se extrae con mayor facilidad—, en Uyuni las condiciones climáticas y la alta concentración de magnesio complican la separación de elementos, elevando los desafíos técnicos y económicos.
A ello se suman fallas estructurales detectadas en el diseño de las piscinas del complejo industrial, lo que impide que la planta opere al 100%. Según Solón, actualmente la producción bordea las 3,000 toneladas anuales, es decir, menos del 20% de su capacidad instalada. Aunque es normal que una industria emergente atraviese un periodo de ajuste, en este caso los avances son limitados frente a las expectativas generadas.
La planta fue concebida durante el gobierno de Morales, mientras que el presidente Arce ha apostado por acelerar la industrialización a través de la tecnología de extracción directa de litio (EDL). Para ello, su administración firmó acuerdos con la empresa china CBC y la rusa Uranium One Group, contratos que han sido cuestionados en el Legislativo y también por comunidades indígenas de Potosí, quienes denuncian la falta de consulta previa, como exige la normativa nacional e internacional.
Solón advierte que los contratos implican compromisos desventajosos para Bolivia: además de devolver a las empresas la inversión, los intereses y costos operativos, se contempla el pago de licencias de servicio, sin una distribución justa de utilidades ni estudios ambientales sólidos. Todo esto genera preocupación sobre el verdadero beneficio nacional de estos acuerdos.
En el plano electoral, varios candidatos han presentado propuestas para reorientar el manejo del litio. Samuel Doria Medina (centroderecha) y el expresidente Jorge “Tuto” Quiroga (derecha) coinciden en que primero debe realizarse una auditoría sobre el estado real del proyecto antes de atraer inversión extranjera. Manfred Reyes Villa propone una “venta anticipada” de la producción para obtener US$ 10,000 millones, mientras que Rodrigo Paz Pereira plantea reestructurar la estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB). Andrónico Rodríguez, exaliado del oficialismo, sugiere establecer alianzas estratégicas con Argentina y Chile.
No obstante, Solón considera que la mayoría de los candidatos no comprenden la complejidad real del negocio del litio. “Repiten la idea general de la industrialización, cuando en realidad esta es una industria comparable con la farmacéutica: requiere alta tecnología, grandes inversiones y mucho tiempo de implementación”, advirtió.
Frente a las promesas de ingresos millonarios, Solón insta a una evaluación más realista. Según proyecciones moderadas, para 2030 el precio del litio rondaría entre US$ 15,000 y US$ 17,000 por tonelada. Aun si se llegara a producir 59,000 toneladas anuales entre la planta estatal y los proyectos con CBC y Uranium One, los ingresos estarían muy por debajo de los generados por el gas natural en su momento de auge.
“Es clave entender que el litio no es el nuevo gas”, concluyó. “No nos va a salvar, pero podría ayudar a diversificar la economía si se gestiona adecuadamente. Sin embargo, hay que dejar de lado el modelo extractivista tradicional y mirar más allá: pensar qué podemos construir con este recurso en términos de desarrollo sostenible”.
