A seis meses de las elecciones, todo apunta a que presenciaremos un derroche de dinero proveniente de la minería informal e ilegal en el financiamiento político. Miles de operadores del sector buscan recuperar su estatus legal y ejercer influencia en el Congreso y en los partidos, mientras sus dirigentes estrechan lazos con diversas bancadas.
Desde julio, cerca de 50,000 mineros informales pasaron a la ilegalidad tras quedar fuera del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), luego de la promulgación del Decreto Supremo N.° 012-2025. Sus registros vencidos o suspendidos los excluyeron del sistema, y hoy reclaman su reincorporación.
Diversos gremios —entre ellos Confemin— protestan desde hace una semana frente al Congreso, en la avenida Abancay, exigiendo que el Reinfo se amplíe por cinco años para continuar operando. En sus filas figuran dirigentes y asesores vinculados a partidos como Renovación Popular, Podemos, Perú Libre y Juntos por el Perú (JP).
En paralelo, congresistas de Somos Perú y Alianza para el Progreso (APP) respaldan la propuesta de ampliar el Reinfo por un año y reincorporar a los mineros excluidos, tal como plantea el predictamen del presidente de la Comisión de Energía, Víctor Cutipa (JP). Incluso, el parlamentario Segundo Quiroz (APP) propuso extender el registro por cinco años más.
El documento está siendo revisado en una mesa de trabajo organizada por la Comisión de Energía, luego de que el intento de aprobarlo de manera exprés fracasara el último viernes. En su reemplazo, se aprobó una cuestión previa presentada por APP. En la mesa participan el Ministerio de Energía y Minas, la SNMPE y otros actores del sector.
El tema volverá a debatirse en los próximos días. Todo indica que la ampliación será aprobada antes del 31 de diciembre, fecha en que vence el Reinfo. Mientras tanto, más de mil mineros informales e ilegales rodean el Congreso desde hace una semana, llegados de regiones como Ica, Apurímac, Moquegua, Arequipa, Cusco, Puno y La Libertad, presionando por sus demandas.
Los manifestantes han advertido que no se retirarán hasta que se apruebe la extensión del Reinfo por cinco años y la reincorporación de los 50,000 mineros excluidos. Este escenario genera preocupación por el poder económico que el sector podría volcar sobre la campaña electoral.
El expresidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Carlos Gálvez, advirtió que los partidos que se acercan a los mineros informales “quieren sus votos y su plata”. En declaraciones a Perú21, alertó que inevitablemente habrá candidatos al Congreso financiados con dinero sucio proveniente de la minería ilegal, cuyo poder económico —según un estudio del Instituto Peruano de Economía (IPE)— supera los US$ 12,000 millones anuales, cuatro veces más que el narcotráfico.
Frente a este panorama, la directora ejecutiva de la SNMPE, Ángela Grossheim, propuso que los partidos firmen un acuerdo de transparencia, comprometiéndose a no recibir fondos de origen ilegal. Sin embargo, solo seis agrupaciones —Avanza País, Partido Morado, Fuerza Moderna, Progresemos, Primero la Gente y la alianza Unidad Nacional (Unidad y Paz – PPC)— han confirmado su adhesión. Otros, como País para Todos y el Apra, rechazaron el financiamiento ilegal, pero aún no definen si firmarán el pacto.
En cambio, partidos como Fuerza Popular, Renovación Popular —que cuenta con tres dirigentes de Confemin entre sus militantes— y APP, no respondieron a la convocatoria. La SNMPE considera que la firma del acuerdo será una prueba de integridad política y marcará la posición real de cada agrupación frente a la minería ilegal. “El gesto definirá quiénes buscan un proceso electoral limpio y quiénes no”, advirtió Grossheim.
