La vocera del Observatorio de Minería Legal y exfiscal ambiental, Karina Garay, advirtió sobre la conformación de un corredor de minería ilegal que se extiende desde Trujillo, atraviesa Amazonas y llega hasta Cajamarca. Según explicó, esta expansión responde a la ausencia de regulación efectiva, legislación adecuada y a la limitada presencia del Estado en estas regiones, especialmente en zonas fronterizas, donde las comunidades indígenas se ven obligadas a enfrentar por sí solas este fenómeno.

En declaraciones a la Red de Comunicación Regional (RCR), Garay señaló que la explotación de oro en bosques y ríos se ha vuelto un foco atractivo para la minería ilegal, debido a la facilidad de extracción. Esta situación está generando escenarios de alto riesgo para las comunidades locales, similares a los ocurridos en Madre de Dios. Uno de los casos más graves se presenta en Cajamarca, donde se han destruido 36 hectáreas en la cuenca del río Chinchipe, en la frontera con Ecuador.

“Las regiones no quieren otro Madre de Dios”, enfatizó Garay. “Lo hemos visto en Loreto y ahora en Cajamarca, donde las autoridades y poblaciones han expresado su rechazo. La contaminación de una fuente de agua afecta no solo a la comunidad más cercana, sino también a aquellas que dependen de ese recurso río abajo”, agregó.

Garay también recordó que, tras la culminación del operativo Mercurio en 2021, la minería ilegal en Madre de Dios ha experimentado un crecimiento de hasta 500%. Denunció que los mineros ilegales han invadido incluso zonas de amortiguamiento de áreas naturales protegidas, que deberían ser resguardadas por el Estado, pero que hoy se encuentran prácticamente abandonadas.

Uno de los factores que ha favorecido esta expansión, según explicó, es el mal uso del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). Afirmó que muchas concesiones fueron otorgadas en áreas cercanas a cuerpos de agua y que, aunque la ley prohíbe expresamente realizar actividades mineras en ríos, quienes están inscritos en el Reinfo actúan con una suerte de impunidad, ya que no pueden ser sancionados penalmente por ello.

“La ley es clara: no se puede hacer minería en un río, aunque se tenga una concesión. Pero si estás inscrito en el Reinfo, hay vacíos legales que impiden sanciones. Ahí nace la impunidad, y con ella el desorden y la expansión de la minería ilegal en todo el país”, puntualizó Garay, subrayando la necesidad urgente de corregir estas fallas estructurales.

En relación con el proyecto de nueva ley para la pequeña minería y minería artesanal (MAPE), advirtió que la iniciativa presentada en el Congreso no garantiza la protección ambiental ni la salud de las comunidades. Si bien consideró que la ampliación temporal del Reinfo podría evaluarse como medida de transición, insistió en que debe ir acompañada de una depuración rigurosa para excluir a quienes incumplen los criterios legales y apoyar a quienes apuestan por una minería formal y responsable, como el llamado “oro verde” con certificación ambiental.