La Corte Suprema resolvió declarar inadmisibles los recursos de casación presentados tanto por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) como por opositores al proyecto minero-portuario Dominga. Con esta decisión, queda confirmada la plena vigencia de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) N°161/2021, lo que marca un hito significativo en el largo proceso de tramitación del proyecto, que se ha convertido en un emblema de los desafíos de la institucionalidad ambiental chilena.
El fallo pone término a más de una década de trámites administrativos y litigios judiciales, abriendo finalmente el camino para que el proyecto inicie su fase de construcción. Dominga, impulsado por Andes Iron, representa una inversión de gran envergadura en la Región de Coquimbo y ha sido visto por muchas comunidades locales como una oportunidad de desarrollo largamente postergada, especialmente en la comuna de La Higuera.
La sentencia del máximo tribunal ratifica lo resuelto previamente por el Primer Tribunal Ambiental en diciembre de 2024, el cual había determinado que el actuar del Comité de Ministros fue irregular, identificando vicios legales, demoras injustificadas y cambios de criterio técnico sin respaldo. A partir de ahora, solo queda pendiente el cumplimiento formal de esa resolución ante el mismo tribunal ambiental.
Desde la empresa, destacaron que esta decisión judicial entrega certeza jurídica y avala la rigurosidad del proceso de evaluación ambiental al que fue sometido Dominga. Francisco Villalón, gerente de Asuntos Corporativos y Desarrollo Sostenible de Andes Iron, subrayó que se trata de una señal clara de que el proyecto cumple con la normativa vigente y está en condiciones de avanzar hacia una inversión sostenible que beneficiará a la zona.
Dominga contempla una inversión de US$2.500 millones y considera la producción anual de 12 millones de toneladas de concentrado de hierro de alta ley (magnetita) y 150.000 toneladas de concentrado de cobre. Actualmente, el proyecto continúa gestionando sus permisos sectoriales y, en el ámbito judicial, solo queda una discusión de carácter procesal ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta, relacionada con el cumplimiento de la sentencia del tribunal ambiental. La empresa también recordó que todos los intentos legales recientes por frenar el proyecto han sido rechazados en distintas instancias, lo que refuerza la validez de su aprobación ambiental.