En el escenario minero internacional, Chihuahua enfrenta una paradoja evidente: alberga lo que el sector considera la mayor reserva de plata sin explotar del mundo, pero aún no registra producción comercial. El proyecto, conocido como Cordero, concentra expectativas y dudas por igual, ya que su avance no depende de la geología, sino de la autorización ambiental que definiría si puede iniciar operaciones hacia 2027.

Cordero se localiza en el extremo oriental de la Sierra Madre Occidental y es desarrollado por Discovery Silver Corp. De acuerdo con el gobierno estatal, se trata del proyecto de plata sin explotar más grande del país, lo que amplifica la atención pública y el impacto de cualquier retraso. La exploración ya concluyó y el siguiente paso es obtener el permiso ambiental por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Según explicó Rocío Flores, directora de Minería de Chihuahua, si la autorización ambiental se emite durante el primer trimestre de 2026, el proyecto podría iniciar su fase de construcción ese mismo año y alcanzar producción comercial en 2027. El cronograma, por lo tanto, está directamente condicionado al avance regulatorio.

La magnitud del yacimiento ayuda a explicar su relevancia. El estudio de factibilidad publicado en febrero de 2024 proyecta una vida útil de 19 años y una producción promedio anual cercana a 37 millones de onzas equivalentes de plata durante los primeros 12 años. Además, contempla recursos medidos e indicados por 493 millones de onzas, junto con mineralización de zinc, plomo y oro.

Sin embargo, en minería el concepto de “reserva” va más allá del volumen de metal en el subsuelo. Para el mercado, el verdadero valor se concreta cuando existen permisos, acceso al agua, infraestructura y aceptación social. En proyectos de gran escala, estos factores suelen implicar mayor escrutinio y procesos más complejos, lo que puede ralentizar su desarrollo.

El trámite ambiental es particularmente relevante en México, donde Semarnat y otras dependencias concentran decisiones clave para pasar de la exploración a la construcción. Sin este aval, las empresas suelen postergar inversiones significativas, ya que el permiso ambiental es el documento que habilita financiamiento, contratos y cadenas de suministro.

Este desafío no es exclusivo de Chihuahua. El sector minero ha señalado un rezago importante en autorizaciones a nivel nacional, con decenas de proyectos detenidos o avanzando lentamente. Aunque a fines de 2025 surgieron señales de una mayor liberación de permisos, el proceso de normalización aún se proyecta hacia mediados de 2026.

El entorno regulatorio también añade presión. Las reformas a la Ley Minera aprobadas en 2023 endurecieron condiciones para nuevas concesiones y reforzaron la relación con los permisos de agua. A ello se suman debates legislativos sobre una posible prohibición de la minería a cielo abierto, que, aun sin resolverse, elevan la percepción de riesgo para nuevas inversiones.

Desde el ámbito estatal, Chihuahua busca equilibrar el cumplimiento ambiental con la atracción de inversión, empleo y desarrollo de cadenas locales. La entidad se ubica entre los primeros lugares nacionales en valor de producción minera, por lo que proyectos como Cordero son vistos como anclas para sostener la actividad económica regional.

El tema del agua ocupa un lugar central en la discusión. En el norte del país, la disponibilidad hídrica obliga a los grandes proyectos a demostrar eficiencia, recirculación y controles estrictos, además de comunicar estos compromisos con claridad para reducir la desconfianza social.

En este contexto, el caso Cordero funciona como un termómetro para el futuro del sector. Si la autorización ambiental se otorga con criterios claros y verificables, el proyecto podría avanzar con menor fricción y convertirse en un ejemplo de cómo desarrollar minería de gran escala con reglas definidas, control ambiental y certidumbre institucional.