La controversia se remonta a 2017, cuando el máximo tribunal panameño declaró inconstitucional la ley bajo la cual First Quantum operaba la mina. Heredando el contrato de Petaquilla Gold en 2013, First Quantum se vio forzada a negociar un nuevo acuerdo con el gobierno, resultando en un contrato firmado el 20 de octubre que concede a la minera un derecho de explotación por 20 años, renovable por otro periodo similar, a cambio de $375 millones en ingresos anuales para Panamá.

Mientras el gobierno sostiene que los términos del nuevo contrato son más favorables que los anteriores, los protestantes panameños lo consideran excesivamente generoso para la empresa canadiense y denuncian corrupción. Además, advierten sobre los riesgos ambientales y exigen la anulación del contrato y la prohibición de todos los nuevos proyectos mineros.

¿Cuál es el panorama actual?

Tras un giro en la Asamblea Nacional, los esfuerzos por derogar el contrato mediante una ley se han detenido, mientras una propuesta de decidir el futuro del acuerdo por referéndum en diciembre se encuentra estancada en el Congreso. Por ahora, el destino del contrato queda en manos de la Corte Suprema del país.

Esta situación no solo afecta la continuidad de la mina Cobre Panamá, que representa aproximadamente el 1% de la producción mundial de cobre, sino que también influye directamente en el suministro global del metal, ya que la mina es un activo clave en la producción de vehículos eléctricos.

¿Qué impacto tiene esto en la industria minera?

Las acciones de Panamá generan incertidumbre no solo en el sector minero sino en el mercado de materias primas a nivel global. El cobre es fundamental para la transición energética y es crucial para la fabricación de automóviles eléctricos, infraestructura verde y electrificación en general. Un cambio significativo en las operaciones de una mina de tal magnitud podría tener repercusiones en los precios del cobre y, por extensión, en la cadena de suministro de tecnologías limpias.

¿Qué sigue ahora?

El gobierno permitió que la mina siguiera operando durante las negociaciones del contrato en disputa. Sin embargo, no ha comentado sobre lo que sucederá si se revoca el contrato. Aunque el viernes se aprobó una ley que prohíbe nuevas concesiones mineras, esta no afecta a Cobre Panamá, que ya cuenta con una. No obstante, la vida útil de la mina podría verse afectada por la prohibición, ya que la ley prohíbe renovar y extender las concesiones.

¿Qué opinan los expertos locales?

Los expertos locales han indicado que permitir que la Corte Suprema decida sobre la validez del contrato sería la mejor manera de resolver las disputas en curso, ya que terminar el contrato unilateralmente por ley podría abrir la puerta a un arbitraje internacional, al ser visto como un incumplimiento por parte del gobierno panameño.