El congresista Jorge Morante presentó el 22 de agosto un proyecto de ley que busca autorizar al Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) a recibir en custodia el oro extraído legalmente por empresas mineras dentro del país, así como por propietarios que voluntariamente lo soliciten. La iniciativa busca fortalecer las reservas internacionales del Estado a través de esta medida.

Según el proyecto, el oro permanecería bajo custodia por un plazo mínimo de 10 años, con posibilidad de prórroga automática si el titular no decide retirarlo. Durante este tiempo, el servicio de custodia no tendría costo y el propietario podría solicitar la devolución del IGV correspondiente a la exportación del metal.

En los fundamentos de la propuesta, Morante sostiene que este sistema no solo fortalecería las reservas internacionales netas, sino que también aportaría a la estabilidad económica y financiera del país. Además, señala que incentivaría la formalización minera y ayudaría a combatir la minería ilegal, promoviendo un uso más responsable y sostenible de los recursos naturales.

Esta no es la primera vez que se plantean iniciativas similares. Anteriormente, el expresidente del Congreso Eduardo Salhuana propuso que el BCRP comprara y vendiera oro a pequeños mineros en proceso de formalización. Asimismo, la Comisión de Economía impulsó un predictamen para ampliar las facultades del Banco de la Nación en la comercialización de oro proveniente de la minería artesanal y pequeña escala.

El proyecto de ley N° 12172/2025-CR ha sido enviado a las comisiones de Constitución y Economía, lideradas por miembros de Fuerza Popular, partido al que pertenece Morante. Entre sus principales objetivos está contribuir a la estabilidad económica asegurando que parte del oro extraído permanezca como reserva internacional y sirva como activo confiable en tiempos de incertidumbre global.

Además, el BCRP emitiría un título valor minero a nombre del propietario que entregue su oro en custodia. Este título será negociable y podrá ser utilizado en operaciones económicas, sin que ello afecte la condición del oro como reserva internacional. La Sunat y el Banco Central supervisarán el cumplimiento de la norma.

El proyecto también establece sanciones para quienes incumplan la ley y su reglamento, que deberá ser aprobado mediante Decreto Supremo en un plazo máximo de 30 días tras la entrada en vigencia. Morante indica que la aprobación no derogaría leyes vigentes, aunque sí podría requerir ajustes regulatorios en el BCRP, la Sunat y el Ministerio de Energía y Minas.

Sin embargo, especialistas han expresado críticas a la iniciativa. William Zabarburú, del Instituto de Políticas Climáticas, señala que el BCRP ya realiza custodia de oro, pero en volúmenes pequeños que no afectan significativamente las reservas. Además, advierte que la propuesta no garantiza la trazabilidad del oro ni aborda la informalidad minera de fondo.

Por su parte, el abogado ambiental César Ipenza considera que el proyecto refleja una mala interpretación de las funciones del BCRP y que debería ser archivado. También alerta que no existe garantía alguna de que el oro custodiado provenga de fuentes legales, pues aún no se ha establecido un sistema efectivo de trazabilidad.