Tal como se esperaba, la Comisión Permanente del Congreso aprobó en segunda y definitiva votación el dictamen que extiende el proceso de formalización de la pequeña minería y minería artesanal, conocido como Reinfo, hasta el 31 de diciembre del 2026.

Fueron 13 votos a favor, cuatro en contra y dos abstenciones del texto sustitutorio, que propone modificar el Decreto Legislativo 1293, para ampliar el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) por un año más.

El dictamen no registra mayores cambios respecto a la versión aprobada en la primera votación en el pleno. En esta oportunidad, la votación fue nominal, cada congresista fue llamado a votar, en una sesión donde la mayoría de los legisladores participaron de manera virtual.

Como se recuerda, la primera votación se realizó el 4 de diciembre pasado, cuando fue aprobada con 60 votos a favor, 36 en contra y 8 abstenciones.

“El proceso de formalización minera integral de la pequeña minería y minería artesanal tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026 o hasta la entrada en vigor de la Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE) y su reglamento, lo que ocurra primero”, dispone la parte resolutiva del dictamen, que ahora debe pasar al Poder Ejecutivo para su promulgación o eventual observación. Para ello tiene un plazo de 15 días.

Sin embargo, vale recordar que en un principio la propuesta que se manejó en el Congreso fue ampliar el Reinfo por dos años más, hasta el 2027, pero fue a instancias del Ejecutivo, que sea solo por un año adicional, lo que fue aceptado por el Legislativo.

El dictamen aprobado este miércoles diospone que en el 2026 el Ministerio de Energía y Minas, en su calidad de ente rector del proceso, «implementará y adoptará las acciones normativas, administrativas y operativas orientadas a la simplificación de los procedimientos, el acompañamiento técnico a los operadores mineros y el fortalecimiento de las capacidades institucionales, así como la supervisión ambiental y social de las actividades en proceso de formalización».

Con la propuesta legislativa se busca garantizar la culminación efectiva del prceso, la seguridad jurídica de los operadores, la sostenibilidad ambiental de las actividades y la transición ordenada hacia el nuevo marco legal.