La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) manifestó su seria preocupación ante el debate en la Comisión de Energía y Minas del Congreso sobre el dictamen que plantea extender por dos años la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y, especialmente, reincorporar a miles de mineros informales que fueron excluidos en procesos anteriores.

Según advirtió el gremio a través de un comunicado, las continuas prórrogas del Reinfo no han impulsado un proceso real de formalización. Por el contrario, han sido aprovechadas por operadores vinculados a la minería ilegal como una vía para mantener actividades que generan impactos ambientales, sociales y económicos de gran escala.

La Confiep alertó que la aprobación de esta propuesta tendría consecuencias de alto riesgo para la ciudadanía, el sector empresarial y la seguridad nacional. Entre ellas, un probable aumento de la violencia asociada a organizaciones criminales dedicadas a la minería ilegal, involucradas además en delitos como trata de personas, lavado de activos y deforestación. También señalaron que este escenario dejaría a miles de trabajadores expuestos a condiciones laborales informales y peligrosas, sin acceso a derechos esenciales ni protección frente a riesgos, profundizando su vulnerabilidad.

El gremio señaló además que esta iniciativa va en contra de los compromisos internacionales asumidos por el Perú, particularmente en el marco de la Política Andina de Lucha contra la Minería Ilegal impulsada por la Comunidad Andina (CAN). El incumplimiento de estas obligaciones —indicaron— podría derivar en sanciones y restricciones comerciales que afectarían la competitividad del sector exportador, incluidas las mypes.

Finalmente, la Confiep reiteró que una formalización minera auténtica debe sostenerse en reglas claras, plazos definitivos, trazabilidad y una supervisión eficaz, acompañada de la articulación entre Estado, comunidades y empresas. En ese sentido, exhortaron al Congreso a actuar con responsabilidad, priorizando el interés nacional y la protección de la ciudadanía. “El Perú no puede retroceder en la lucha contra la minería ilegal; es momento de fortalecer la institucionalidad y asegurar que el desarrollo económico avance con legalidad, seguridad y respeto al medio ambiente”, señalaron.