La Comisión de Energía y Minas del Congreso cuestionó la continuidad de la empresa China National Petroleum Corporation (CNPC) en los lotes petroleros X y VII/VI de Talara, cuyos contratos de concesión culminan en 2024 y 2023, respectivamente.

Durante la sesión del pasado viernes 1 de junio, el titular del grupo, Carlos Alva, reconoció que la estatal china se encuentra en el grupo de empresas que no ha respetado todos los acuerdos que firmó desde que ingresó a la cuenca y que, incluso, incurrió en conflictos con sus propios trabajadores.

“Hay empresas, no todas, que no tratan bien a su personal y abusan de sus recursos humanos. Hay una empresa china (CNPC) que no respeta los acuerdos laborales, paga una miseria a sus trabajadores y no hace responsabilidad social. No estoy generalizando, hay empresas que sí están dando gas a la población, aunque quizá deberían invertir más [en exploración]. Pero lo que no queremos es que se agrupen, y si sale ganadora esta empresa que no respeta muchas cosas, pues entonces… [estamos mal]”, mencionó.

En efecto, CNPC, que opera directamente el Lote X, además de los lotes VII/VI mediante su sucursal Sapet, mantiene desde hace muchos años un diferendo con sus colaborares, al punto que, en abril de 2021, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) tuvo que intervenir junto a la Defensoría del Pueblo ante la toma de sus instalaciones, en el marco de un paro de 72 horas acatado en el distrito de El Alto, Piura.

En aquella ocasión, los trabajadores tercerizados también marcharon en rechazo al proceso de licitación adelantado que pretendía realizar Perupetro durante el gobierno de transición del expresidente Francisco Sagasti, exigiendo una “operadora particular o estatal que proteja al trabajador petrolero del abuso de las services”.

“Hoy en día, un trabajador petrolero labora 12 horas diarias y recibe 930 soles. ¿Cómo es posible que un trabajador de hidrocarburos esté ganando esto? Lo permite Perupetro y la empresa matriz CNPC”, dijo el alcalde Jimmy Montalván en su momento.

En el plano ambiental, CNPC también mantiene duros cuestionamientos. El pasado mes de junio, por ejemplo, unas 37 comunidades vecinales de El Alto presentaron un pliego conjunto para que su presencia en Talara no sea extendida más allá del 2024, debido a “daños incalculables” que incluyen tierras manchadas de crudo a lo largo de todo el litoral.

“La idea es hacer los esfuerzos posibles para que esta empresa no continúe o al menos no tenga el sistema de tercerización que tanto daño le ha hecho a estos trabajadores. Esta empresa no ha hecho trabajos de responsabilidad social, solo se limitan a donar unas cuantas canastas para navidad y algunas campañas de salud para una cantidad ínfimas de personas”, refirió para La República el dirigente Luis Alberto Flores.

Cabe precisar que el Lote X es el más sustancioso en la cuenca de Talara. En mayo del 2022, alcanzó una producción promedio de 11.350 barriles por día; mientras Sapet, también de CNPC, llegó a 3.727.

Talara: exploración desierta

De otro lado, el congresista Carlos Alva reconoció que el principal problema del mercado de hidrocarburos en nuestro país es la falta de exploración desde que los lotes fueron privatizados en los años noventa, situación que ha derivado en que el Perú sea un país deficitario de petróleo.

“Elevar la producción va a depender bastante de explorar, estos pozos que se están trabajando cada día merman. ¿Cuántos pozos se han explorado en los últimos años? De ahí depende nuestra producción, con inversión en exploración. ¿Y la exploración la puede hacer Petroperú? Claro que sí, pero con un socio como ellos nos mencionan”, remitió el legislador de Acción Popular.

En este sentido, dijo que se debe revisar la Ley Orgánica de Hidrocarburos (LOH) para que las multas que pagan las empresas que no cumplen con explorar sean superiores a los montos que de por sí deberían invertir para dicho fin, es decir, un incentivo perverso.

“La idea es que estas empresas respeten los tratos que hacen con el Estado peruano. Por ejemplo, es ilógico que dicen que harán 800 pozos, pero cada pozo cuesta US$ 1 millón. ¿Saben cuál es la multa por no hacer los pozos? También US$ 1 millón. Entonces, más le conviene no hacerlos y pagar su multa, y al final pierde el Estado peruano. Los ciudadanos ya están cansados de que los contratos que se han hecho en el pasado, los estemos pagando en la actualidad”, agregó.