Colombia podría exigir a las empresas mineras que obtengan licencias ambientales para la exploración con el fin de proteger el medio ambiente, aumentar el control estatal y evitar conflictos entre las comunidades y las empresas extractivas, dijo el jueves la ministra de Medio Ambiente.
Las declaraciones de la ministra Susana Muhamad durante una conferencia sobre minería en Cartagena se producen en un momento en que las empresas extractivas hacen sonar la alarma sobre una propuesta de reforma fiscal de 5.600 millones de dólares que, según dicen, afectaría negativamente al sector.
En la actualidad, Colombia sólo exige permisos ambientales para los proyectos en fase de explotación y producción.
“Creo que hay que poner una licencia ambiental para la exploración (…) porque también hay mucho conflicto y falta de control sobre los procesos de exploración minera”, dijo Muhamad.
“Eso ayudaría a que la exploración se afiance de mejor manera, que haya mecanismos de diálogo y regulación y un trabajo conjunto entre el gobierno, las empresas y las comunidades”, dijo.
Otro proceso de concesión de licencias ralentizaría la ya lenta obtención de permisos, dijo una fuente de la industria, y presentaría un nuevo obstáculo para la exploración de minerales como el cobre, clave para la transición hacia las energías renovables que pregona el presidente de izquierdas Gustavo Petro.
“Los proyectos de exploración tienen un período de entre ocho y 18 años durante el cual las empresas invierten millones en recursos sin ninguna certeza de encontrar un yacimiento”, dijo la fuente a Reuters. “Una licencia ambiental extendería esos plazos y desestimularía la inversión clave”.
El Gobierno no está en contra de la minería, pero sí quiere que se lleve a cabo de forma estratégica, dijo en la conferencia la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez.
Su ministerio ha iniciado un proceso de reorganización en un intento de aclarar las leyes existentes y revisar un código minero vigente desde 2001, dijo.
La reforma fiscal de 25 billones de pesos, destinada a financiar ambiciosos programas sociales, impondría un impuesto del 10% sobre los ingresos obtenidos cuando se exporten carbón y petróleo a precios que superen un determinado umbral, aunque podría retirarse la propuesta de incluir las exportaciones de oro.
El umbral para el petróleo sería de 48 dólares por barril, mientras que las exportaciones de carbón verían el impuesto recaudado cuando los precios superen los 87 dólares por tonelada.
