La alianza entre Codelco y SQM avanza hacia su fase final, consolidando un modelo de gestión público-privada sobre el litio en el Salar de Atacama. Este acuerdo clave otorga a la estatal chilena una participación mayoritaria en la explotación del mineral, mientras que SQM mantiene derechos de producción hasta 2060. La iniciativa representa un paso decisivo dentro de la política minero-energética nacional.

Desde su lanzamiento en diciembre de 2023, en el marco de la Estrategia Nacional del Litio, esta asociación ha sido impulsada con el objetivo de posicionar a Codelco como actor central en una de las industrias más estratégicas para el país. En virtud del acuerdo, SQM cede el control operativo de sus actividades en Atacama, mientras el Estado fortalece su presencia conforme a la visión del gobierno de Gabriel Boric, que promueve un rol estatal preponderante en sectores clave.

El Ejecutivo espera cerrar la operación antes del fin de la actual administración, en marzo de 2026. Según el nuevo ministro del área, finalizar el acuerdo antes de esa fecha es una meta prioritaria. En paralelo, ya se han obtenido varias autorizaciones regulatorias, incluyendo la aprobación para que SQM aumente su producción de litio sin necesidad de extraer más salmuera, gracias a innovaciones tecnológicas que mejoran la eficiencia de los procesos.

Sin embargo, el proyecto no está exento de controversias. Un informe de la Cámara de Diputados plantea anular el acuerdo, alegando la ausencia de un proceso de licitación pública que habría significado ingresos inmediatos para el fisco. Asimismo, comunidades indígenas han llevado a los tribunales su oposición a la consulta previa liderada por Corfo, cuestionando la validez del proceso y su falta de información transparente.

Estas críticas reflejan tensiones más profundas respecto al enfoque del gobierno. Algunos sectores acusan que la promesa de crear una Empresa Nacional del Litio se ha desdibujado, reemplazada por un modelo de alianzas con actores privados que —según señalan— limita la transparencia y reduce los espacios de participación ciudadana. Esto contrasta con el discurso inicial de que el litio debía beneficiar a “todas y todos los chilenos”.

En el ámbito judicial, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) resolvió en 2024 que el acuerdo no requería el voto de los accionistas de SQM, decisión impugnada por Tianqi, accionista con cerca del 20 % de la compañía. Tras una disputa legal, la Corte Suprema rechazó sus apelaciones, despejando el camino para que la alianza se formalice en 2025. Desde una perspectiva más amplia, el acuerdo fortalece el papel de Chile en la cadena global del litio, clave para la transición energética, y promete un crecimiento en la producción sin impacto adicional sobre los recursos hídricos.