La reciente aprobación del Plan de Participación Ciudadana para la tercera modificación del EIA-d de la unidad Pallancata, en Ayacucho, constituye una señal alentadora para el sector minero y para las comunidades vinculadas a esta actividad. Si bien no es una autorización definitiva, este paso otorgado por el Senace marca el inicio formal de un proceso transparente y dialogado que permitirá evaluar la extensión de la vida útil de la operación por nueve años adicionales. En un contexto de incertidumbre económica, decisiones técnicas como esta envían un mensaje de predictibilidad regulatoria que el país necesita con urgencia.
La ampliación propuesta por Compañía Minera Ares, subsidiaria de Hochschild Mining, no solo facilitaría la continuidad de empleos y servicios locales, sino que también representa una oportunidad para reafirmar una minería moderna que opera bajo estándares ambientales cada vez más rigurosos. El sector está preparado para ese nivel de exigencia. Si aseguramos procesos robustos, con participación ciudadana efectiva y diálogo sustentado en evidencia técnica —no en prejuicios—, podremos demostrar que la continuidad responsable de operaciones mineras es plenamente compatible con el desarrollo sostenible de los territorios.
En paralelo, el planteamiento del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo para que gobiernos regionales y locales destinen hasta el 10% del canon minero a infraestructura turística ha abierto un debate necesario. El turismo tiene un enorme potencial, especialmente en regiones con una oferta cultural y natural privilegiada. No obstante, cualquier reasignación del canon debe realizarse con la máxima rigurosidad. Estos recursos fueron creados para cerrar brechas críticas en salud, educación, agua y saneamiento, infraestructura básica y seguridad. El turismo puede ser un complemento valioso, pero no debe convertirse en un desvío que diluya la responsabilidad de atender necesidades urgentes y estructurales.
Más alarmante aún es el avance del oro ilegal. Que el Perú concentre el 44% de los envíos irregulares del mundo no solo refleja la magnitud del problema: evidencia que enfrentamos una economía criminal que erosiona la institucionalidad, distorsiona la competencia económica y destruye ecosistemas completos. Si se cumplen las proyecciones del Instituto Peruano de Economía y los envíos de oro ilegal alcanzan los US$ 12 mil millones en 2025, estaríamos ante una actividad ilícita del mismo tamaño que la minería formal del oro. Un escenario así sería devastador para el Estado y para las regiones.
Mientras tanto, los proyectos de cobre —el motor de nuestra competitividad global y pieza clave de la transición energética mundial— siguen estancados. La tramitología excesiva, los conflictos sociales mal gestionados y la ausencia de consensos mínimos sobre el papel estratégico del cobre mantienen paralizadas inversiones que otros países ya están captando de manera acelerada. El Perú no puede seguir cediendo terreno en un mercado global donde la oportunidad es hoy.
Por ello, la agenda minera del Perú debe priorizar tres líneas de acción: fortalecer la institucionalidad ambiental y social para que los proyectos avancen con legitimidad; combatir la minería ilegal de manera integral, con inteligencia financiera, control territorial y sanciones efectivas; y reactivar la inversión en cobre mediante reglas claras, estabilidad regulatoria y procesos participativos bien diseñados, no capturados por intereses ajenos al territorio. Sin estas condiciones, seguiremos atrapados en un ciclo de oportunidades perdidas.
Finalmente, la discusión pública necesita recuperar perspectiva. La minería formal no es el problema; es parte esencial de la solución. Genera empleo, financia el canon, impulsa la descentralización y aporta tecnología, gestión ambiental y estándares que el país requiere. El análisis responsable sobre proyectos como Pallancata, o sobre el uso del canon, debe basarse en evidencia, no en prejuicios. El Perú está en un punto decisivo: es momento de tomar decisiones que miren más allá del ciclo político y aseguren la ruta hacia un desarrollo sostenible, competitivo y equitativo para todos.
