Por años, el litio boliviano ha sido visto como una promesa geopolítica, económica y ambiental. Con aproximadamente 21 millones de toneladas estimadas en el subsuelo del Salar de Uyuni, el país alberga una de las mayores reservas del mundo. Sin embargo, las limitaciones en infraestructura, los marcos regulatorios restrictivos y las decisiones políticas erráticas han frenado su desarrollo, dejando al “oro blanco” boliviano como un potencial aún no realizado.

La elección de Rodrigo Paz como nuevo presidente en octubre de 2025 marca un punto de inflexión en este escenario. Su perfil centrista y pragmático ha despertado un cauto optimismo entre analistas, inversionistas y representantes del sector minero internacional. Paz ha manifestado su intención de impulsar una reforma integral del modelo del litio, combinando apertura al capital extranjero con la preservación del control estatal sobre los recursos estratégicos.

Durante décadas, el litio ha formado parte del discurso de desarrollo nacional. Desde los años 80, distintos gobiernos han prometido convertirlo en motor de industrialización, pero los avances han sido escasos. En la etapa final del gobierno de Evo Morales, se implementó una política de “control soberano” sobre el recurso, formalizada mediante la Ley 535 de Minería y Metalurgia, que entregó al Estado la exclusividad de la extracción y limitó la participación privada a las etapas posteriores de procesamiento o exportación.

En ese contexto, Bolivia buscó alianzas con empresas estatales extranjeras, como la china CATL y la rusa Uranium One Group. No obstante, los resultados fueron modestos: la producción industrial se mantuvo en niveles mínimos, las proyecciones de empleo no se cumplieron y la confianza de los mercados internacionales se deterioró. El país, pese a su potencial, continuó rezagado frente a vecinos como Chile y Argentina.

Rodrigo Paz propone ahora un camino intermedio. En sus primeras declaraciones públicas aseguró que Bolivia no “venderá el salar”, subrayando la importancia de mantener la soberanía nacional. Pero también abrió la puerta a revisar las normas y los contratos que actualmente obstaculizan la explotación técnica, rentable y sostenible del litio. Su mensaje busca equilibrar las demandas sociales internas con las expectativas del sector privado global.

“La inversión extranjera es bienvenida si respeta nuestras reglas, nuestras comunidades y nuestro medio ambiente”, afirmó el mandatario electo en su discurso de victoria. Esta declaración fue interpretada como una señal de pragmatismo y ha sido bien recibida por diversos actores empresariales en América Latina, Asia y Europa, que ven en Bolivia un terreno aún virgen para la inversión minera de nueva generación.

Aun así, los desafíos legales y técnicos siguen siendo considerables. El marco normativo vigente impide que empresas extranjeras extraigan directamente litio, salvo mediante alianzas con la estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB). Cualquier intento de modificar esta estructura requeriría una mayoría legislativa o incluso una consulta popular, lo que podría demorar la implementación de reformas profundas.

En el plano técnico, Bolivia enfrenta un reto singular: las salmueras del Salar de Uyuni contienen altas concentraciones de magnesio, lo que dificulta la separación del litio mediante evaporación solar. Esta característica obliga a incorporar tecnologías avanzadas, como la extracción directa de litio (DLE), que aún no se ha probado a gran escala en el país. Sin la adopción de estas tecnologías, el salto hacia la producción masiva seguirá siendo incierto.

En este nuevo escenario, la confianza se perfila como un factor clave para la reactivación. Empresas y consorcios internacionales han mostrado interés, pero exigen reglas claras, estabilidad jurídica y transparencia contractual. En años recientes, varios acuerdos fueron rechazados por el Congreso boliviano, alimentando la percepción de inseguridad política. Con el cambio de gobierno, se abre una ventana de oportunidad para recuperar la credibilidad internacional y atraer inversiones sostenibles.

La participación de las comunidades locales también será esencial. El Salar de Uyuni no es solo un reservorio mineral: es un ecosistema delicado y un espacio de fuerte identidad cultural para los pueblos quechuas y aymaras. Las protestas registradas en Potosí por la firma de contratos sin consulta previa evidencian la necesidad de una gobernanza minera más inclusiva, que contemple mecanismos reales de compensación y participación. Paz ha prometido que su política se basará en “consensos y beneficios regionales”, aunque los detalles operativos aún están por definirse.

El caso boliviano refleja un dilema compartido por muchos países latinoamericanos: cómo aprovechar los recursos naturales sin repetir los errores del extractivismo clásico, cómo atraer inversión sin perder control, y cómo transformar la riqueza potencial en desarrollo social. La experiencia de Bolivia será observada de cerca por naciones como Chile, Argentina, México y Perú, todas con intereses estratégicos en la cadena del litio.

Finalmente, en un contexto global marcado por la competencia entre Estados Unidos, China y la Unión Europea por asegurar materias primas críticas, el litio boliviano podría convertirse en una carta clave en la geopolítica de la transición energética. Para lograrlo, el nuevo gobierno deberá combinar liderazgo político, visión técnica y coherencia regulatoria. Solo así Bolivia podrá pasar de la promesa a la realidad en la era del litio.