Bolivia atravesó un 2025 marcado por la campaña electoral y con escasas propuestas ambientales por parte de los candidatos. Durante ese periodo, la minería ilegal se expandió hacia territorios indígenas y áreas protegidas sin ningún tipo de control estatal, mientras que organizaciones indígenas denunciaron haber sido excluidas del Plan de Acción Nacional (PAN) para reducir el uso de mercurio en la minería aurífera, un documento elaborado durante el gobierno de Luis Arce y que ahora se encuentra paralizado bajo la administración de Rodrigo Paz.

En este contexto, el nuevo presidente no presentó políticas ambientales de fondo y mantuvo vigentes las denominadas “normas incendiarias”, que facilitan la deforestación y la ocurrencia de incendios forestales. Paralelamente, avanzaron proyectos de exploración petrolera dentro y en los alrededores de reservas naturales, sin que existieran consultas previas ni estudios ambientales transparentes.

Algo similar ocurrió con el sector del litio: pese a haberse firmado contratos con empresas de China y Rusia para la extracción del recurso, estos acuerdos están en pausa debido a que no se cumplieron las exigencias ambientales y no se concretaron procesos de consulta con las comunidades locales. La falta de cumplimiento normativo dejó paralizados los proyectos.

Las cifras de deforestación empeoraron aún más la situación. Para 2024, Bolivia había escalado al segundo lugar mundial entre los países con mayor pérdida de bosques, solo después de Brasil. Informes de la Universidad de Maryland y Global Forest Watch revelan que la pérdida de bosque primario aumentó en un 200 %, alcanzando 1.8 millones de hectáreas, de las cuales la mayoría corresponde a bosque primario. Los incendios explicaron más de la mitad de esta destrucción.

Mientras tanto, la minería ilegal protagonizó uno de los capítulos más graves del año. Operó sin limitaciones sobre ríos amazónicos, comunidades indígenas y áreas protegidas, pese a la crisis de combustibles que afectó al país. Incluso con escasez de diésel —un insumo clave para la actividad minera—, las dragas continuaron funcionando mediante el ingreso irregular de carburantes.

Representantes de organizaciones indígenas como Alex Villca, de Contiocap, denunciaron impactos irreversibles en la salud de pueblos ribereños como los esse ejja, donde estudios recientes detectaron niveles alarmantes de mercurio en mujeres indígenas. Otros expertos alertaron que el avance minero ilegal vino acompañado de mayor violencia, avasallamientos y conflictos territoriales.

En 2025 también se registraron inundaciones severas en municipios mineros del norte de La Paz. Autoridades locales señalaron que las operaciones mineras alteraron el cauce de los ríos, provocando desbordes incluso en temporada seca. En lugares como Tipuani, su alcalde advirtió que, si la minería aurífera continúa sin control, la localidad podría desaparecer en apenas tres años.

Aunque el exministro de Minería firmó acuerdos con mineros sindicalizados para frenar el avasallamiento y la extracción ilegal, las comunidades aseguraron que la actividad siguió ingresando a áreas protegidas. Su sucesor, Marco Calderón de la Barca, sostuvo públicamente que no permitirá operaciones dentro de reservas naturales, aunque todavía no hay medidas visibles que respalden ese compromiso.

En cuanto a la política institucional, el presidente Rodrigo Paz tomó una decisión que generó polémica: eliminó el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, fusionándolo con la cartera de Planificación del Desarrollo. Para distintos analistas y legisladores, esta medida degradó la importancia del tema ambiental dentro del gabinete y debilitó la capacidad del Estado para fiscalizar actividades extractivas.

Actores ambientales como Norka Paz señalaron que la supresión del ministerio refleja la continuidad de un modelo de desarrollo que prioriza intereses agroindustriales, debilita la protección de ecosistemas y favorece la expansión de actividades extractivas. Organizaciones como CEJIS advirtieron que esta decisión subordina la política ambiental a objetivos productivos, en detrimento de la conservación.

Por otra parte, los incendios forestales volvieron a ocupar un lugar central en el diagnóstico ambiental de Bolivia. En 2024, estos siniestros fueron responsables de más de la mitad de la pérdida de bosques del país, especialmente en Santa Cruz y Beni. Expertos insistieron en que, aunque 2025 mostró una menor intensidad, los ecosistemas afectados necesitan décadas para recuperarse y algunos bosques se pierden de manera definitiva.

La vigencia de las “normas incendiarias”, que permiten la ampliación acelerada de la frontera agrícola, fue criticada por organizaciones como Contiocap, que advirtieron que estas leyes y decretos beneficiaron principalmente a sectores agroindustriales y ganaderos, generando incendios de gran magnitud en la Chiquitania y otras regiones amazónicas.

En el ámbito hidrocarburífero, 2025 estuvo marcado por el inicio de operaciones de nuevos pozos en la Amazonía, sin procesos de consulta previa ni información oficial sobre evaluaciones ambientales. Comunidades indígenas denunciaron que estos proyectos ponen en riesgo zonas de alta biodiversidad y facilitan el ingreso de actores asociados a delitos como tala ilegal, caza furtiva y minería ilícita.

Finalmente, en medio de todos estos retrocesos, hubo un avance significativo en materia de conservación: el Tribunal Agroambiental dictó un fallo histórico que obliga a distintas entidades estatales a proteger al jaguar y a su hábitat. La sentencia ordena aumentar los controles para frenar el tráfico de fauna y garantizar la seguridad de defensores ambientales. El caso tomó relevancia tras revelarse la presencia de una empresa extranjera dedicada a promover la caza ilegal del felino.