El 2025 estuvo marcado  por un crecimiento persistente de la minería ilegal, especialmente en la Amazonía peruana, afectando ríos, áreas naturales protegidas, concesiones y territorios de pueblos indígenas. El aumento de dragas en ríos, la deforestación acelerada, la contaminación con mercurio, destrucción del tejido social, y otros delitos conexos y retrocesos legislativos debilitaron la fiscalización y favorecieron esta actividad ilícita

Durante este año, diversas organizaciones del Observatorio de Minería Ilegal (OMI) publicaron estudios que confirman los graves impactos ambientales y sociales. Tal es el caso de Conservación Amazónica–ACCA, que reportó que la minería ilegal de oro está presente en nueve regiones del Perú, afectando a 73 comunidades nativas y más de 250 ríos y quebradas. La deforestación forestal acumulada por minería artesanal y de pequeña escala en la Amazonía alcanzó 139 169 hectáreas, con Madre de Dios como epicentro (97.5 % del total), seguidas por Huánuco y Loreto (2.5% restante de la superficie deforestada). Desde el 2024 más de 11 500 hectáreas fueron arrasadas, principalmente en la zona del corredor minero, mientras que La Pampa volvió a mostrar una presencia masiva de dragas que pasaron de 140 en 2021 a 1 613 este año con una participación de 6400 mineros ilegales.

En Loreto, la actividad se intensificó en cuencas como el Nanay, Chambiras, Yaguas y Tigre. Se registraron 42 dragas en un solo día y operando 688 este año. Según Natural Resource Governance Institute (NRGI), este incremento se vio favorecido por el respaldo constante del Congreso a normas que facilitan el avance de la actividad y fortalecen redes criminales. Paralelamente, en Huánuco se identificó un nuevo foco crítico: la deforestación por minería ilegal se triplicó en un año, pasando de 558 hectáreas en 2024 a 1 700 hectáreas en 2025, ríos como el Yuyapichis fueron los más afectados.

El informe Estimaciones sobre la dimensión de la minería ilegal en el Perú 2025, la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) advierte que, pese a la magnitud del problema, el Estado aún no cuenta con un sistema oficial de medición ni monitoreo integral de la minería ilegal. Se estima que, en los últimos 20 años, se habrían producido de  476 a  3260 toneladas de oro ilegal, valorizadas entre US$ 23 mil y US$ 165 mil millones.

Además, según la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reportó que la minería ilegal en Perú movió la impresionante suma de 3355 millones de dólares entre octubre de 2024 y 2025.

En la última década, se ha registrado una expansión acelerada de operaciones ilegales en ríos de Loreto, Ucayali, Madre de Dios y otras cuencas, extendiéndose incluso a zonas fronterizas que comparten Perú, Colombia y Brasil. Ríos como el Napo, Nanay, Putumayo, Curaray, Yaguas, Puré y Japurá muestran signos evidentes de contaminación por mercurio, pérdida de hábitat y alteraciones geomorfológicas por dragas. El uso de dicha sustancia no solo contamina el ambiente, sino que afecta gravemente la salud de las personas que habitan la región.

Crisis por mercurio: riesgos crecientes para la salud y ecosistemas

Investigaciones del Centro de Innovación Científica Amazónica (CINCIA) y Sociedad Zoológica de Frankfurt (FZS) evidencian la exposición al mercurio en la Amazonía en comunidades del Bajo Putumayo (Loreto). Por ejemplo, el 97 % de personas evaluadas presentan niveles superiores a lo recomendado por la OMS, y 8 de cada 10 mujeres en edad reproductiva tienen concentraciones asociadas a graves riesgos para el desarrollo fetal, esta exposición se agravaría con la presencia de minería ilegal.

Asimismo, bajo este análisis realizado en peces de mercados de Iquitos se revela que especies como bagre lince, paiche y bocón superan ampliamente los límites permitidos (0.5 mg/kg), lo que significa que la exposición al mercurio ya no afecta solo a comunidades ribereñas, sino también a consumidores urbanos, aunque vale la pena mencionar que existen peces con niveles más bajos y son recomendables para consumo.

En el reporte Contaminación por Mercurio de la Minería de Oro Artesanal y Pequeña Escala (MAPE) en Madre de Dios, realizado por CINCIA, muestran que las concentraciones de mercurio en el aire cerca de fuentes de emisión son de 2 a 14 veces más altas que en áreas alejadas y que el 75 % se deposita en bosques cercanos a la minería. Por otro lado, estudios en vegetación y suelos, reportaron que en áreas con intensa actividad minera como Laberinto y La Pampa, las concentraciones de mercurio en hojas de árboles son altas, alcanzando valores de 0,64 mg/kg, superando lo observado en bosques contaminados globalmente.

Asimism, otro estudio realizado en 2020 estimó que el río Madre de Dios transporta anualmente alrededor de 1 tonelada de mercurio en áreas no afectadas por la minería y hasta 12 toneladas en áreas fuertemente impactadas por esta actividad.

Este estudio indica además, que en Madre de Dios existen concentraciones elevadas de mercurio en peces capturados en sectores afectados por minería, superando entre 2 y 3 veces a los valores observados en sectores no afectados. Se infiere que el riesgo de exposición al mercurio en las comunidades indígenas amazónicas puede ser aún mayor comparado con la de las ciudades, ya que enfrentan una exposición elevada debido a su dieta, basada en el consumo frecuente de pescado, su principal fuente de proteína.

Es importante mencionar que han reportado que aves y murciélagos en estas áreas presentan algunas de las concentraciones de mercurio más altas registradas en Sudamérica. Estos niveles podrían estar asociados con una reducción de hasta un 40􀀀% en el éxito reproductivo de aves piscívoras, así como con alteraciones neuroconductuales en murciélagos, lo que evidencia el impacto potencial de esta contaminación en la salud y viabilidad de la fauna silvestre.

Finalmente, estos resultados de diferentes estudios nos muestran con certeza los impactos de esta actividad en la salud de las poblaciones y la biodiversidad.

Aunque Perú ha cumplido el 57.9 % de sus compromisos del Convenio de Minamata, persisten importantes brechas: no existe trazabilidad del mercurio usado en minería y las incautaciones han disminuido pese al incremento de la actividad ilegal. El convenio debería exigir la reducción y eliminación del mercurio en la mediana y pequeña minería.

Retrocesos legislativos: un escenario de alerta

Diversas iniciativas en el Congreso, como la propuesta de una nueva Ley MAPE, buscaron permitir actividades mineras en cuerpos de agua y sus fajas marginales, pese a la evidencia científica que demuestra daños irreversibles y a la prohibición establecida en el D.L. 1100. De aprobarse, estas normas significarían un retroceso severo en la lucha contra la minería ilegal.

Además, se presentaron iniciativas para ampliar plazos y reducir requisitos para la formalización minera. Organizaciones especializadas alertan que estas medidas pueden abrir puertas para el blindaje de operadores ilegales y fortalecer economías ilícitas vinculadas a la extracción del oro.

El estudio del NRGI El Estado ante el avance de la minería ilegal: el caso de Loreto (2020-2025) identifica indicios de corrupción estatal, reflejados en la sobrerrepresentación de intereses vinculados a economías ilegales dentro del Congreso y en la promoción de normas que facilitan la expansión de actividades ilegales. Asimismo, se reportan estrategias locales para impedir la fiscalización y limitar la autonomía del Estado.

El balance del 2025 confirma que, a pesar de los esfuerzos de algunos sectores del Estado, comunidades y sociedad civil por detenerla, la minería ilegal continúa expandiéndose en un contexto de débil fiscalización y retrocesos normativos, con graves consecuencias para la salud, los ecosistemas y la gobernanza del país. Finalmente, el Observatorio de Minería Ilegal solicita al Estado a fortalecer el control ambiental, frenar normas que facilitan esta actividad y promover una minería ordenada, trazable, libre de mercurio, que respete el ambiente, los derechos humanos y los territorios, con una ley MAPE acorde a la realidad que recoja la opinión de todos, que contribuya de manera transparente y equitativa al desarrollo de todo el país.