En el marco de PERUMIN 37, la Compañía Minera Antamina destacó su impacto en la economía nacional y global, al concentrar aproximadamente el 20% de la producción minera del Perú y el 2% de la producción mundial. Con miras a cumplir 25 años de operaciones en 2026, la empresa reafirmó su compromiso con el desarrollo sostenible, resaltando su contribución en empleo, recaudación fiscal, infraestructura y encadenamientos productivos.

“Antamina solo puede ser sostenible si también lo es el territorio donde opera, desde el ámbito social, ambiental e institucional”, afirmó César Liendo, gerente de Relaciones Institucionales. La mina, ubicada en la provincia de San Marcos (Áncash), integra un complejo que incluye planta concentradora, mineroducto de más de 300 km y puerto propio en Punta Lobitos (Huarmey), desde donde exporta principalmente a Asia, Europa y América.

En cuanto a proyecciones, Fabiola Sifuentes, vicepresidenta de Planificación y Estrategia Ambiental, informó que la reciente Modificación del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) permitirá extender la vida útil de la mina hasta 2036, incorporando nuevos componentes operativos. Aunque algunas zonas sin uso futuro serán cerradas preventivamente, aclaró que no existe un cierre total en el corto o mediano plazo.

“Estamos aplicando enfoques de cierre progresivo con especies que fortalezcan la biodiversidad local. Queremos probar formas responsables de devolverle el territorio a la naturaleza”, explicó Sifuentes. También destacó que Antamina recircula el 99% del agua que utiliza, no realiza descargas en el mar y apunta a operar con energía 100% renovable hacia 2033. En esta línea, subrayó la alianza con Sernanp para trabajar junto al Parque Nacional Huascarán.

En el plano fiscal, la ampliación de operaciones permitiría generar hasta S/25.000 millones adicionales en tributos, consolidando a Antamina como uno de los principales contribuyentes del país. Según Claudia Cooper, vicepresidenta de Sostenibilidad y Asuntos Externos, la minera representa el 1,65% del PBI nacional, y ha transformado los ingresos regionales de Áncash con un efecto multiplicador en otras actividades económicas.

Sin embargo, Cooper advirtió que el aumento de ingresos no siempre se traduce en una mejora de servicios públicos. La burocracia, la desconfianza institucional y la corrupción frenan la ejecución eficiente del gasto. “En San Marcos, hoy las campañas políticas giran en torno a proyectos de agua, ya no solo a la confrontación con la empresa. Esto es un cambio de cultura política”, comentó.

En ese sentido, Antamina ha asumido un rol activo en obras por impuestos, con inversiones en salud, saneamiento y conectividad, y promueve el fortalecimiento de capacidades en gobiernos regionales y municipales para garantizar un “delivery de obras” sostenible y oportuno.

A nivel internacional, los ejecutivos resaltaron que la minería peruana se encuentra sujeta a factores externos. Una posible reducción de tasas de interés por parte de la Reserva Federal de EE. UU. podría fortalecer el sol y atraer capitales, mejorando el entorno macroeconómico nacional. “Lo más importante es que un Perú estable resulta más atractivo para la inversión minera y mantiene la inflación bajo control”, sostuvo Cooper.

En cuanto a la conflictividad social, la empresa se refirió al caso de Huaripampa, donde comuneros reclaman la titularidad de terrenos. Antamina sostiene que cuenta con títulos de propiedad válidos desde 1998, y que la relación con la comunidad fue pacífica por más de dos décadas. La empresa rechazó los recientes actos de ocupación como una invasión no autorizada, pero reafirmó su disposición al diálogo abierto y respetuoso.

Finalmente, Antamina subrayó que su enfoque está guiado por los más altos estándares de derechos humanos y que cualquier controversia será abordada con base en el respeto mutuo, la legalidad y el compromiso con el desarrollo sostenible de las comunidades y del país.