La reciente iniciativa anunciada por el presidente argentino Javier Milei, que busca habilitar actividades mineras en zonas cercanas a los glaciares de la Cordillera de los Andes, generó una inmediata y contundente reacción de organizaciones ambientalistas. En declaraciones a EFE, advirtieron que la medida pone en riesgo directo una de las principales fuentes de agua del país, calificando la propuesta como una amenaza para el futuro hídrico de millones de personas.
Agostina Rossi Serra, especialista en biodiversidad de Greenpeace Argentina, expresó su rechazo señalando que la preservación de estos cuerpos de hielo es esencial para garantizar el acceso al agua. “Sin glaciares, no hay agua. Y sin agua, no hay futuro. No vamos a permitir que se avance sobre las reservas hídricas que sostienen la vida en nuestro país”, afirmó, destacando el rol irremplazable que cumplen los glaciares en el equilibrio ambiental y en el abastecimiento de recursos vitales.
El presidente Milei anunció que enviará al Congreso un proyecto de ley que permitiría a las provincias definir en qué áreas próximas a los glaciares podrían desarrollarse actividades mineras. Su propuesta llega en un contexto de fuerte expansión del sector, especialmente en litio, cobre y oro, industrias que —según argumentó— presentan grandes oportunidades económicas y potencial para generar hasta un millón de empleos. En ese marco, lanzó duras críticas hacia los ambientalistas, a quienes acusó de adoptar posturas “primitivas”.
La Constitución argentina establece que los recursos naturales pertenecen a las provincias, pero también consagra la protección de los derechos ambientales. En este equilibrio, organizaciones como la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) reiteraron que los intereses privados no pueden imponerse sobre bienes esenciales para la vida. “No podemos permitir que los intereses de las empresas privadas se sobrepongan frente a las fuentes de vida de todos los argentinos”, señalaron a EFE.
La Ley de Glaciares, aprobada en 2010 tras una fuerte presión social y científica, es considerada pionera en Latinoamérica porque protege tanto a los glaciares como al ambiente periglacial, áreas definidas como reservas estratégicas de agua. Desde su aprobación, sectores vinculados a la megaminería han intentado limitar su alcance, aunque la Corte Suprema ratificó su constitucionalidad en 2019, afirmando que en caso de conflicto deben prevalecer los derechos colectivos, como el acceso al agua.
El gobierno de Milei ya había intentado en 2024 modificar la ley para permitir actividades económicas en ambientes periglaciales, iniciativa que no prosperó por la reacción de organizaciones ambientales. Rossi Serra insistió en que la norma debe preservarse sin cambios, ya que su debilitamiento significaría “una condena al agua de los argentinos”. Subrayó además que no existe en la región otra legislación con el mismo nivel de protección.
Los datos oficiales dan cuenta de la magnitud del desafío: entre 2011 y 2018, Argentina registró 16.968 cuerpos de hielo que cubren 8.484 kilómetros cuadrados, mientras que informes recientes confirman un retroceso acelerado de los glaciares debido al aumento de las temperaturas. Organizaciones como FARN advierten que avanzar con actividades mineras sobre ambientes glaciales y periglaciales tendría impactos ambientales, sociales y económicos significativos, en un contexto donde la minería ya experimenta una rápida expansión y donde se presume que los proyectos que afectan estas áreas son cada vez más numerosos.
