Según el Reporte de Conflictos Sociales elaborado por la Defensoría del Pueblo, en noviembre de 2022 se registró 221 conflictos sociales a nivel nacional, de los cuales 161 están activos y 60 latentes.

Del total de conflictos sociales, entre activos y latentes, la mayor parte corresponde a temas socioambientales, los cuales representan 63.3% (140 casos). De dichos casos, el 67.1% (94 casos) corresponde a conflictos relacionados a la actividad minera, seguido de conflictos por actividades hidrocarburíferas con 19.3% (27 casos).

Por otro lado, durante el penúltimo mes del año solo 107 conflictos activos fueron registrados en proceso de diálogo, de los cuales el 82.2% (88 casos) corresponde a conflictos del tipo socioambiental.

La región que más conflictos registró fue Loreto con 30 casos, seguida de Cusco con 20 y Apurímac con 17.

Respecto al nivel de gobierno que le compete intervenir y dar solución a los conflictos, 62% del total (137 conflictos) corresponden a la actuación del Gobierno nacional y 26.2% (58 conflictos), al gobierno regional.

Algunos de estos conflictos se radicalizaron e involucraron actos de violencia que tuvieron como lamentable resultado 8 civiles fallecidos y 340 heridos, entre civiles y personal de la Policía y Fuerzas Armadas.

Los 8 fallecidos correspondieron al conflicto a nivel nacional por la crisis política que se prolongó a diciembre del presente año. En cuanto a los heridos, 312 fueron a causa de la misma crisis política; 4 resultaron heridos en el caso del anexo Huancute – Compañía Minera Ares, en Ayacucho; y 24 fueron heridos en el caso Huanta – Ministerio Público, en Ayacucho.

En el mes de noviembre no se registró ningún acto de violencia subversiva.

Durante dicho mes, la Defensoría del Pueblo realizó 183 actuaciones defensoriales, de las cuales 121 corresponden a acciones de supervisión preventiva, 9 a intermediación, 18 a acciones humanitarias y 35 a acciones de defensa legal.