La celeridad con la que se otorgan permisos en minería es siempre señalada como un punto neurálgico para la inversión en el sector. Sin embargo, poco se sabe respecto a su efecto real en el desarrollo económico del Perú, lo que incluye al PBI, la recaudación fiscal y la generación de empleo.

Un reciente estudio del Instituto Peruano de Economía (IPE), por encargo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), dimensiona por fin este impacto. De los 46 proyectos mineros actualmente en cartera según el Ministerio de Energía y Minas (Minem), hay 23 que se encuentran retrasados por razones externas a la empresa.

En dicho retraso, precisa el estudio, la tramitología minera tiene un rol crucial. La espera de contar con todos los permisos aprobados puede superar el doble del plazo fijado en la ley. ¿De qué se compone su impacto directo y qué trabaja el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para mejorar este indicador? Gestión te lo cuenta.

La regulación minera, precisa el IPE, es bastante compleja. A través de sus cinco etapas, un proyecto en el sector debe enfrentar 232 procesos administrativos, donde 100 de este total involucran a 19 entidades púbicas, entre las que resaltan la Autoridad Nacional del Agua (ANA), el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE) y el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR).

Pasar por todo este proceso puede alargar la puesta en marcha de un proyecto hasta en más del doble del tiempo fijado en la ley. “A través de entrevistas a mineras vimos que el plazo efectivo puede ser hasta cinco veces el plazo legal, sobre todo en el caso de los instrumentos de gestión ambiental y consulta previa”, señaló Carlos Gallardo, gerente general de IPE, sobre la metodología de su estudio.

A partir de ese dato –sumado al análisis de los 23 proyectos retrasados de la cartera minera actual– el IPE diseñó un proyecto modelo de mina de cobre en el que se invierte cuatro años y posterior a ese periodo inicia producción.

De esta manera, calcula el IPE sobre la base de su proyecto modelo, un retraso en esta dinámica podría generar pérdidas de S/ 12,044 millones del PBI en esos cuatro años de arranque y S/ 2,064 millones en ingresos fiscales en dicho periodo. Además, se pierden 8,500 empleos por año durante la etapa de inversión y 7,400 empleos por año desde el inicio de producción (ver gráfico).

Gallardo explicó que la mejor muestra de cómo la tramitología golpea la minería es el retroceso de Perú en los indicadores de atractivo para inversión minera y de percepción de políticas del Instituto Fraser.

En el primero, Perú tenía un puntaje de 81.6 sobre 100 como terreno de interés minero para invertir en 2018. En el último reporte, del año pasado, cayó a 60.7. De igual forma, la percepción positiva de las políticas públicas peruanas fue de 33.8 en 2022, ubicándose por debajo del promedio de la región: 66.3.

“Es lo que nos cuesta como país. A partir de ello es que vemos cómo aumentan los permisos y se alarga su tiempo de entrega, lo que afecta el atractivo de Perú como espacio de inversión minera”, comentó el vocero del IPE.