Puntos clave

• Presión sectorial: SNMPE pide al ministro Guillermo Shinno priorizar Tía María para destrabar la cartera minera de US$64.000 millones
• Proyecto paralizador: Tía María de Southern Copper acumula 15 años de intentos fallidos desde 2009 en el valle de Tambo, Arequipa
• Brecha de gobernanza: El yacimiento tiene reservas probadas, tecnología y operador solvente, pero carece del entorno político-social para ejecutarse
• Desafío heredado: El nuevo ministro Shinno asume el reto de construir consenso comunitario y burocrático para viabilizar proyectos maduros

La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía lanzó una señal directa al Ministerio de Energía y Minas: el tiempo del diagnóstico terminó. Julia Torreblanca, presidenta de la SNMPE, pidió al ministro Guillermo Shinno que concentre su gestión en destrabar los proyectos con mayor grado de madurez, y nombró primero a Tía María. No es un pedido retórico. Es la presión organizada del sector sobre un gobierno que administra una cartera de US$64,000 millones en proyectos pendientes y que, hasta ahora, no ha mostrado un mecanismo concreto para moverla.

Tía María: el proyecto que Perú ha aplazado por quince años

Pocos proyectos en América Latina acumulan tanto historial de frustración como Tía María. Southern Copper —subsidiaria de Grupo México— lleva desde 2009 intentando desarrollar este yacimiento de cobre en el valle de Tambo, Arequipa. La resistencia comunitaria, los errores de relacionamiento, las crisis políticas nacionales y la parálisis burocrática convirtieron un proyecto de US$1,400 millones en el símbolo más reconocible de lo que Perú no puede hacer con su base de recursos.

El proyecto tiene todo lo que un inversor quiere sobre el papel: reservas probadas, tecnología definida, un operador con músculo financiero y un precio del cobre que lo justifica con amplio margen. Lo que no tiene —y lo que la SNMPE exige que el gobierno construya— es el entorno político y social que permita su ejecución. Shinno heredó ese reto. La pregunta que Torreblanca plantea, entre líneas, es si tiene la voluntad y los instrumentos para resolverlo.

Southern Copper obtuvo la licencia de construcción en 2020, durante el gobierno de Vizcarra. Luego vinieron Sagasti, Castillo, Boluarte: cuatro años de parálisis institucional. Con Boluarte en el poder y Shinno en Energía y Minas, el sector ve una ventana. Pero las ventanas en Perú se han cerrado antes.

US$64,000 millones: el número que debería movilizar al Estado, pero no lo hace

La cartera de proyectos mineros con estudios de factibilidad aprobados o en etapa avanzada supera los US$64,000 millones. Es una cifra que, bien ejecutada en la próxima década, transformaría la estructura fiscal de Perú, multiplicaría el canon disponible para regiones productoras y posicionaría al país como el proveedor estratégico de cobre que la transición energética global necesita con urgencia.

El problema no es la cifra. El problema es que esa cartera lleva años sin moverse a la velocidad que sus fundamentos justifican. Conflictos sociales no resueltos, procesos de consulta previa que se alargan sin protocolo claro, permisos ambientales que acumulan observaciones sin resolución y una clase política que oscila entre el apoyo discursivo a la inversión y la gesticulación populista ante cualquier protesta local.

Torreblanca no habló solo de Tía María. Habló de priorizar los proyectos con mayor nivel de avance. Eso incluye ampliaciones como Quellaveco Segunda Fase —Anglo American—, desarrollos en la cartera de Buenaventura y otros activos que ya completaron sus estudios de impacto ambiental y esperan despacho administrativo. La lógica es simple: si el Estado no puede mover toda la cartera simultáneamente, que mueva primero la que ya tiene habilitada.

El rol de Shinno: ¿gestor técnico o negociador político?

Guillermo Shinno llegó al Ministerio de Energía y Minas con perfil técnico. El sector lo recibió con cautela optimista. Pero un ministerio como el de Energía y Minas en Perú no se gestiona solo desde la ingeniería: exige negociación política, coordinación interministerial y voluntad para enfrentar conflictos que llevan años sin tocar nadie.

El pedido de la SNMPE le coloca un termómetro encima. Si Shinno acepta la agenda de priorización —y la ejecuta con mecanismos concretos— enviará una señal a los mercados de capitales que Perú lleva años debiendo. Si responde con declaraciones de intención sin plazos ni instrumentos, el sector interpretará que el Ministerio sigue siendo un administrador de trámites, no un facilitador de inversiones.

Lo que está en juego no es solo Tía María. Es la credibilidad del Estado peruano como contraparte de inversión de largo plazo. Cerro Verde, Las Bambas, Antapaccay y Quellaveco ya operan. El siguiente ciclo de proyectos —el que alimentará la producción de cobre peruana en la segunda mitad de esta década— está esperando exactamente este tipo de señal institucional.

El conflicto social: el factor que ningún ministerio puede ignorar

Tía María no fracasó por falta de permisos técnicos. Fracasó porque el valle de Tambo rechaza el proyecto con una intensidad que desbordó dos procesos de consulta y generó movilizaciones que el Estado no supo contener ni procesar institucionalmente. Eso no desaparece con una declaración ministerial.

La consulta previa, obligatoria bajo el Convenio 169 de la OIT, es en Perú una fuente permanente de retrasos. No porque el instrumento sea malo —es una garantía legítima— sino porque el Estado nunca construyó la institucionalidad para ejecutarla con agilidad y credibilidad. El resultado es que cada proceso se convierte en una negociación improvisada, vulnerable a la captura política y sin garantías de resultado para ninguna de las partes.

Si Shinno quiere mover Tía María, necesita un plan de relacionamiento comunitario con recursos, plazos y respaldo del Ejecutivo. No alcanza con que Southern Copper negocie sola. El Estado tiene que ser parte activa de esa conversación, y eso requiere coordinación con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, la Presidencia del Consejo de Ministros y los gobiernos regionales de Arequipa. Esa coordinación, históricamente, no existe.

La competencia regional que Perú no puede perder

Mientras la cartera peruana espera, el cobre sigue siendo el metal más demandado de la transición energética. Chile mantiene su liderazgo productor con una industria madura y proyectos de expansión activos. Ecuador avanzó con Mirador y Fruta del Norte. Argentina habilitó el RIGI para atraer capital minero con garantías de estabilidad fiscal. El mundo no va a esperar que Perú resuelva sus conflictos internos.

Cada año de retraso en Tía María y en el resto de la cartera es un año en que la participación peruana en el suministro global de cobre no crece al ritmo de su potencial. Con los precios del cobre sosteniéndose por encima de los US$4.50 por libra y la demanda de vehículos eléctricos y redes de transmisión presionando al alza el consumo de metal rojo, el costo de oportunidad se acumula en miles de millones de dólares que no entran al canon, no financian infraestructura regional y no generan empleo formal en Moquegua ni en Arequipa.

La SNMPE tiene razón en el diagnóstico. El ministerio tiene los instrumentos mínimos para actuar. Lo que falta es decisión política sostenida, no solo durante una conferencia de prensa, sino a lo largo de los meses que toma negociar un acuerdo comunitario real y ejecutar los pasos administrativos pendientes. Tía María puede ser el punto de inflexión que reactive la confianza inversora en Perú. O puede ser, una vez más, el proyecto que Perú casi desarrolló.