Prohibición de actividades extractivas sin dictamen ambientalSecretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)A partir de publicación (vigencia inmediata)

• Prohibición binaria: Sin clearance ambiental de SEMARNAT no hay actividad minera en ecosistemas protegidos
• Impacto México: Decenas de operadores deben acreditar compatibilidad con categoría de manejo del área
• Brecha cerrada: Reforma Minera 2023 reforzó requisitos pero dejó zona gris; esta disposición cierra ese espacio
• Vigencia: No afecta aún plazo de concesiones otorgadas, solo exigibilidad de nuevas autorizaciones

México acaba de elevar el piso regulatorio para la minería en zonas de alta sensibilidad ecológica. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales formalizó la prohibición de actividades extractivas en ecosistemas protegidos sin contar con un dictamen ambiental vigente, una medida que reordena las obligaciones de cumplimiento de decenas de operadores activos y congela la entrada de nuevos proyectos en polígonos que antes operaban en una zona gris legal.

El movimiento no es cosmético. Traduce a términos operativos una brecha que existía desde la Reforma Minera de 2023: la ley reforzó la Consulta Libre, Previa e Informada y endurecía los requisitos de concesión, pero dejó sin resolver el estatus de proyectos en ecosistemas con categorías de protección parcial. Esta nueva disposición cierra ese espacio. Si no hay clearance ambiental emitido por SEMARNAT, no hay actividad. El criterio es binario.

Qué cambió exactamente — y qué no

La prohibición aplica sobre ecosistemas bajo esquemas de protección formal: Áreas Naturales Protegidas, zonas núcleo y de amortiguamiento, y polígonos con decreto de protección especial. Lo que cambia es la exigibilidad: antes, una empresa podía argumentar que su actividad era “compatible” con la categoría de manejo del área; ahora necesita un instrumento específico que lo acredite.

Lo que no cambia — todavía — es el plazo para las concesiones ya otorgadas. Las operaciones con MIA (Manifestación de Impacto Ambiental) aprobada y actividades en curso tienen un umbral de cumplimiento distinto al de los proyectos en exploración o en trámite. Pero el margen de interpretación se redujo. PROFEPA tiene ahora un fundamento más sólido para actuar frente a operaciones que no puedan acreditar el instrumento ambiental vigente, incluyendo modificaciones o ampliaciones de proyectos existentes.

El detalle que más preocupa a los equipos legales de las empresas: la disposición no distingue entre exploración y explotación. Una perforación de sondeo en una zona protegida sin dictamen actualizado queda dentro del perímetro de la prohibición. Eso golpea directamente a la fase más temprana del ciclo minero, que ya venía deteriorada.

El contexto que hace que esta medida importe más de lo que parece

La exploración minera en México cayó 11.5% en 2024. Los datos de CAMIMEX son contundentes: la inversión en esa fase bajó de manera sostenida desde que la Reforma Minera de 2023 introdujo incertidumbre sobre los plazos y condiciones de las concesiones. Ahora se agrega una capa de restricción ambiental que, bien implementada, podría tener sentido como política de largo plazo; mal implementada, puede convertirse en otra barrera burocrática sin mecanismo de resolución expedita.

El timing también es incómodo. El gobierno de Claudia Sheinbaum ha apostado por un perfil más pragmático con el sector desde octubre de 2024. El acuerdo de Minerales Críticos con Estados Unidos, firmado en febrero de 2026, y las negociaciones que Marcelo Ebrard ha sostenido en Washington apuntan a integrar la producción mexicana en cadenas de suministro estratégicas para el mercado norteamericano. Esa agenda necesita proyectos avanzando, no frenados por un atasco de dictámenes ambientales pendientes.

La pregunta que nadie en SEMARNAT ha respondido todavía: ¿cuántos proyectos activos o en trámite se encuentran en polígonos afectados por esta disposición, y cuál es la capacidad real de la secretaría para procesar los dictámenes en tiempo razonable? La respuesta importa porque determina si la medida funciona como instrumento de ordenamiento o como cuello de botella estructural.

Impacto diferenciado por estado y tipo de operación

Sonora concentra cerca del 45% de la producción minera nacional, pero su exposición directa a esta disposición es menor: la mayoría de sus grandes operaciones —Buenavista del Cobre de Grupo México, La Caridad, Las Chispas de Coeur Mining— operan en polígonos que ya cuentan con instrumentos ambientales consolidados. El riesgo sonorense está más en la expansión de operaciones existentes que en proyectos nuevos.

Donde el impacto es más agudo es en estados con alta biodiversidad y proyectos en fases tempranas. Guerrero, con la operación de Torex Gold en El Limón Guajes y el desarrollo de Media Luna, tiene un ecosistema complejo. Jalisco también entra en el mapa: GoGold avanza en Los Ricos con ingresos récord —US$31.1 millones en el primer trimestre de 2026— pero el proyecto convive con zonas de sensibilidad ambiental que requerirán revisión de sus instrumentos vigentes.

Zacatecas presenta una dinámica diferente. El estado ha sido el escenario del esfuerzo más visible del gobierno Sheinbaum en reducir el backlog de permisos — de 25 expedientes rezagados a 5 en 2025 — pero esa mejora corresponde principalmente a concesiones mineras, no a dictámenes ambientales específicos para ecosistemas protegidos. Si la nueva disposición de SEMARNAT no viene acompañada de una mejora equivalente en los tiempos de resolución ambiental, el avance en concesiones queda incompleto.

El marco legal que da forma a esta decisión

La prohibición se apoya en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) y en la Ley General de Vida Silvestre, instrumentos que siempre otorgaron a SEMARNAT facultades para restringir actividades en ANPs. Lo que ocurre ahora es una instrucción explícita de aplicar esas facultades sin excepciones operativas para el sector minero.

Esto tiene implicaciones constitucionales relevantes. Varias empresas presentaron amparos contra la Reforma Minera de 2023, y esos expedientes siguen pendientes ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si alguno de esos amparos prospera y amplía los derechos de los concesionarios frente a restricciones regulatorias, la nueva disposición ambiental podría ser cuestionada bajo el mismo argumento: afectación desproporcionada a derechos adquiridos. Los equipos jurídicos de Fresnillo, MAG Silver y Agnico Eagle, entre otros, ya están evaluando esa ruta.

CAMIMEX, bajo la presidencia de Pedro Rivero, ha sido cuidadoso en los últimos meses: ha evitado la confrontación directa con el gobierno Sheinbaum y ha preferido la negociación técnica. Pero esta medida pone a prueba ese equilibrio. La cámara tendrá que definir si gestiona la implementación desde adentro — pidiendo mecanismos expeditos para los dictámenes — o si endurece su posición pública.

Lo que el mercado ya está calculando

Los analistas en Toronto y Londres miden esta noticia en dos dimensiones: impacto en proyectos cotizados y señal para nuevas inversiones. En el primer caso, el daño inmediato es acotado para las operaciones productoras maduras. En el segundo, la señal es más complicada: México había recuperado posiciones en el Fraser Institute, subiendo del lugar 74 al 49 en 2024, con un avance notable en percepción de certeza regulatoria. Una capa adicional de restricción ambiental sin mecanismos claros de tramitación puede revertir parte de ese progreso.

El litio agrega otra dimensión al análisis. México tiene las reservas de litio más grandes del mundo, estimadas en 243 millones de toneladas, y el gobierno Sheinbaum está construyendo un modelo de inversión mixta para desarrollarlas. Esas reservas se ubican en zonas del altiplano y la sierra que tienen intersección con polígonos de protección ambiental. Si el marco de dictámenes no se moderniza, la agenda de minerales críticos — la que Ebrard está vendiendo en Washington — choca con la restricción que SEMARNAT acaba de formalizar.

Eficiencia regulatoria: la prueba real

Esta disposición tiene lógica de política pública. Prohibir minería en ecosistemas protegidos sin clearance ambiental es una posición defendible técnica y políticamente. El problema no es el principio: es la capacidad de ejecución del Estado mexicano para acompañarlo con un sistema de dictámenes que funcione.

Si SEMARNAT establece ventanillas especializadas, plazos máximos de resolución y criterios técnicos transparentes, la medida puede ordenar el sector sin frenarlo. Si no lo hace, los proyectos que más necesita México para cumplir con su agenda de minerales críticos — los que están en fases de exploración en zonas complejas — simplemente no avanzarán. Y eso tiene un costo que se mide en dólares de inversión diferida, en empleos que no se crean en Guerrero y Jalisco, y en compromisos con Washington que no se pueden cumplir.

La medida está firmada. El dictamen sobre su efectividad real se escribirá en los próximos 18 meses, cuando se vea cuántos proyectos recibieron su clearance ambiental y cuántos quedaron atrapados en la burocracia.