La Contraloría General de la República observó el procedimiento seguido por Perupetro para mantener vigente el contrato de licencia del Lote 192, al considerar que la decisión terminó trasladando a Petroperú riesgos y obligaciones que, según el organismo de control, no le correspondía asumir bajo las condiciones establecidas. Las conclusiones forman parte del Informe de Auditoría de Cumplimiento N.° 004-2026-2-4654.

De acuerdo con la auditoría, Perupetro aceptó que Petroperú actuara como garante corporativo de Altamesa Energy Perú S.A.C., en reemplazo de Altamesa Energy Canada Inc., pese a que la empresa estatal no era la matriz de la compañía ni contaba con respaldo legal para garantizar las actividades de exploración contempladas en el contrato de licencia.

Para la Contraloría, esa decisión permitió evitar la resolución inmediata del contrato y mantener su vigencia, lo que implicó que Petroperú quedara expuesta a potenciales riesgos económicos y obligaciones contingentes asociadas al desarrollo del proyecto.

La revisión comprendió el periodo entre el 28 de febrero y el 24 de octubre de 2023, etapa en la que el contratista debía ejecutar las labores preoperativas necesarias para reiniciar la producción de hidrocarburos en el lote ubicado en Loreto.

Posteriormente, en marzo de 2024, el contrato fue modificado para que Petroperú transfiriera el 61% de su participación a Altamesa Energy Perú, empresa que pasó a operar el yacimiento, mientras la petrolera estatal conservó el 39%.

No obstante, tras la salida de Altamesa Energy en febrero de 2025, Petroperú inició la búsqueda de un nuevo socio estratégico para continuar con la operación del Lote 192, proceso cuyo resultado aún no ha sido anunciado.

Riesgo de incumplimiento

El informe también advierte que el programa anual de trabajo correspondiente a 2026 no incorpora la perforación de dos pozos de desarrollo comprometidos en el contrato, aunque el plazo para ejecutar esas actividades vence el próximo 25 de octubre.

Según la Contraloría, esta situación incrementa el riesgo de un incumplimiento contractual. Además, señaló que Petroperú condicionó parte de sus obligaciones a la incorporación de un socio estratégico, lo que, a juicio del ente de control, evidencia limitaciones operativas y financieras para ejecutar por sí sola los trabajos comprometidos.

La entidad añadió que, hasta la emisión del informe en junio de este año, no existían evidencias de que la petrolera estatal hubiera concretado la incorporación de dicho socio, por lo que persiste el riesgo de no cumplir con las obligaciones previstas en el contrato.

Asimismo, la Contraloría concluyó que el informe técnico utilizado por Perupetro para aceptar a Petroperú como garante corporativo carecía de sustento suficiente para demostrar que la empresa estatal reunía capacidades equivalentes a las de Altamesa Energy Canada Inc. Aunque el contrato nunca fue modificado para formalizar ese cambio, dicho documento fue determinante para mantener vigente la licencia y evitar su resolución anticipada.