El Perú ha logrado sostener una relativa estabilidad económica en las últimas décadas gracias, en gran medida, al impulso de la inversión privada. Entre 2001 y 2019, la pobreza se redujo de 54.8% a 20.2%; sin embargo, tras la pandemia, este indicador se elevó nuevamente hasta 25.7%. Para diversos especialistas, el principal desafío actual no es la falta de recursos, sino la capacidad de gestionarlos de manera eficiente.

En este contexto, la minería continúa siendo uno de los principales motores de la economía nacional. El favorable ciclo de precios de los metales y la expansión de la producción han permitido generar importantes ingresos para el Estado a través del canon y las regalías mineras. No obstante, estos recursos no siempre se han traducido en mejoras tangibles para la población.

De acuerdo con el Instituto Peruano de Economía, las transferencias por canon y regalías mineras sumaron S/131.000 millones en las últimas dos décadas. Solo las regiones del sur recibieron alrededor de S/67.000 millones, una cifra que, según estimaciones del instituto, equivaldría a financiar cientos de instituciones educativas de alto rendimiento o decenas de hospitales de alta complejidad.

Para Víctor Fuentes, el aumento de estas transferencias responde al buen desempeño de los precios internacionales de los metales, al crecimiento de la producción minera y al esquema tributario aplicado al sector. Sin embargo, advirtió que la expansión de la actividad extractiva se ha desacelerado en los últimos años.

El especialista recordó que Quellaveco fue el último gran proyecto minero que entró en operación, en 2022, tras una inversión cercana a US$5.500 millones. Desde entonces, no se ha incorporado ninguna iniciativa de magnitud similar, pese a que la cartera minera peruana supera los US$64.000 millones e incluye proyectos como Conga y El Galeno.

El problema está en la ejecución

Más allá de la necesidad de impulsar nuevas inversiones, el IPE sostiene que la principal limitación está en el uso de los recursos ya disponibles. Según sus estimaciones, durante los últimos diez años los gobiernos subnacionales ejecutaron apenas el 66% del presupuesto proveniente del canon y las regalías mineras.

Esta situación resulta especialmente preocupante porque muchas de las regiones y municipios beneficiarios aún mantienen importantes brechas en infraestructura, agua potable, saneamiento, electrificación y servicios públicos.

Una opinión similar expresó Carlos Gálvez, quien recordó que la minería ya realiza una contribución significativa al Estado, entregando entre el 40% y el 50% de sus utilidades mediante impuestos y otros gravámenes.

Según el exdirigente gremial, el problema no radica en la cantidad de recursos transferidos, sino en la capacidad de gestión de las autoridades regionales y municipales, que en algunos casos priorizan obras de bajo impacto social mientras persisten necesidades básicas insatisfechas.

Obras por Impuestos gana protagonismo

Frente a este escenario, diversos especialistas plantean fortalecer mecanismos alternativos de ejecución de inversiones. Uno de ellos es Obras por Impuestos (OxI), esquema que permite a las empresas financiar y ejecutar proyectos públicos para luego recuperar la inversión mediante créditos aplicables al impuesto a la renta.

Según ProInversión, entre enero y abril de este año se adjudicaron 196 proyectos bajo esta modalidad por un monto de S/3.276 millones, con la participación de 166 empresas.

Para el analista Anthony Laub, la experiencia de las OxI demuestra que el principal problema no es la disponibilidad de recursos, sino quién los ejecuta. En esa línea, consideró que fortalecer este mecanismo podría acelerar el cierre de brechas y mejorar la calidad de la inversión pública.

Asimismo, señaló que algunas propuestas para distribuir parte del canon y las regalías directamente entre los habitantes de las zonas de influencia minera merecen ser evaluadas. Incluso planteó la posibilidad de crear un fondo patrimonial alimentado por los ingresos provenientes de la explotación de recursos naturales, cuyos rendimientos puedan beneficiar de manera directa a toda la población.

En medio del debate sobre una eventual mayor carga tributaria para la minería, los especialistas coinciden en un punto: el reto más urgente no es recaudar más recursos, sino lograr que los fondos ya generados se conviertan efectivamente en obras, servicios y oportunidades para las regiones del país.