La Secretaría Federal de Conciliación Laboral de México determinó esta semana que el bloqueo de trabajadores en la mina Camino Rojo, operada por Orla Mining en Zacatecas, fue ilegal. La resolución representa un respaldo institucional para la compañía y aumenta la presión sobre los trabajadores para levantar la paralización, luego de cuatro días de interrupción de actividades en una de las operaciones auríferas más importantes y recientes del país.
El conflicto comenzó el lunes, cuando trabajadores sindicalizados bloquearon los accesos a la mina, obligando a la empresa a suspender la producción y mantener únicamente labores esenciales de seguridad y resguardo de instalaciones. Aunque la decisión de la autoridad laboral permitió una recuperación de 2,6% en las acciones de Orla Mining, el avance no compensó completamente la caída cercana al 8% registrada al inicio de la disputa.
El origen del conflicto combina dos demandas laborales. Por un lado, la negociación de un bono de productividad que aún no había concluido; por otro, el monto correspondiente al reparto de utilidades o Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU), mecanismo obligatorio establecido por la legislación mexicana. Según la empresa, existía un acuerdo en torno al bono, pero los trabajadores rechazaron la distribución de utilidades y decidieron iniciar el bloqueo.
La diferencia entre un bloqueo y una huelga formal resulta central en este caso. De acuerdo con la autoridad laboral, la movilización no siguió los procedimientos legales exigidos para una huelga, como la presentación de un aviso formal, etapas de conciliación y plazos establecidos. Esta condición permitió que la Secretaría Federal de Conciliación Laboral calificara la medida como ilegal y abriera la puerta a eventuales acciones adicionales por parte de la empresa y las autoridades.
El debate sobre el reparto de utilidades refleja una problemática recurrente en la industria minera mexicana. La legislación obliga a las empresas a distribuir el 10% de su renta fiscal gravable entre los trabajadores, pero la forma en que se calcula esa base suele generar discrepancias. En operaciones intensivas en capital como Camino Rojo, factores como depreciaciones, amortizaciones y gastos de desarrollo reducen las utilidades fiscales, generando diferencias entre las expectativas de los trabajadores y los montos efectivamente distribuidos.
Más allá del conflicto laboral, el paro tiene implicancias operativas y financieras relevantes. Para 2026, Orla Mining proyecta una producción de entre 110.000 y 120.000 onzas de oro en Camino Rojo. Con precios del metal sobre los US$3.300 por onza, cada día de paralización podría representar cerca de US$1 millón en producción no generada antes de costos. La compañía aún no ha precisado si la interrupción afectó los ciclos de lixiviación ni cómo impactará sus proyecciones anuales.
El momento del conflicto coincide además con un proceso estratégico para la empresa. Orla Mining avanza en una fusión con Equinox Gold valorada en aproximadamente C$18.500 millones, una de las operaciones de consolidación más importantes del sector minero en América en los últimos años. Camino Rojo representa cerca de un tercio de la producción proyectada de la futura compañía combinada, por lo que cualquier interrupción operativa adquiere especial relevancia para inversionistas y analistas.
El caso también pone a prueba el marco laboral mexicano surgido tras la reforma de 2019, que fortaleció la representación sindical y otorgó mayores derechos de participación a los trabajadores. Sin embargo, la situación evidencia que persisten tensiones entre la legitimidad de las demandas laborales y el cumplimiento de los procedimientos legales establecidos para canalizarlas. Aunque la dirigencia sindical ha comenzado a comunicar la necesidad de levantar el bloqueo, la normalización total de las operaciones aún depende de la respuesta de la base trabajadora.
Zacatecas continúa consolidándose como uno de los principales polos mineros de México, concentrando una parte significativa de la producción nacional de oro y plata. Sin embargo, la región también enfrenta desafíos recurrentes asociados a conflictos laborales, comunitarios y de seguridad. En este contexto, Orla Mining deberá concentrarse en resolver la negociación pendiente sobre productividad, restablecer plenamente las operaciones y actualizar sus proyecciones de producción, factores que serán determinantes para sostener la confianza del mercado y el éxito de su proceso de fusión con Equinox Gold.
