Las tensiones entre Petroperú y ProInversión escalaron en pleno proceso de reestructuración de la petrolera estatal. Aunque la agencia estatal lidera actualmente la reorganización patrimonial de la empresa y tiene el encargo de estructurar una línea de financiamiento de hasta US$ 2,000 millones, ambas entidades mantienen diferencias sobre el alcance de las facultades otorgadas por el Gobierno.
El conflicto surgió luego de que ProInversión remitiera oficios a Petroperú solicitando información vinculada a recientes cambios gerenciales y estableciendo restricciones sobre determinadas decisiones financieras y operativas de la empresa.
En una comunicación enviada el 15 de mayo al presidente del directorio de Petroperú, Edmundo Lizarzaburu, la agencia expresó preocupación por el impacto de los recientes relevos en la plana gerencial, ocurridos en medio del proceso de reestructuración. La entidad pidió acceso a documentos relacionados con la entrega de cargos, expedientes administrativos de los nuevos funcionarios y el informe elaborado por el estudio internacional Paul Hastings LLC.
Además, ProInversión informó la designación de Jorge Luis Ramos Felices para participar en las sesiones de directorio vinculadas al proceso de reorganización patrimonial de la petrolera.
Ese mismo día, la agencia emitió un segundo oficio con disposiciones de carácter vinculante. Entre ellas, ordenó al directorio y a la gerencia general abstenerse de aprobar contratos, adendas u obligaciones financieras que comprometieran flujos futuros más allá de las operaciones corrientes ya presupuestadas.
Asimismo, estableció que toda adquisición de crudo, derivados e insumos críticos para las operaciones quedaría bajo supervisión directa de ProInversión, en el marco de los mecanismos excepcionales habilitados por los Decretos de Urgencia N.º 010-2025 y N.º 003-2026.
La agencia también solicitó un inventario detallado de los procesos de compra de hidrocarburos y compromisos financieros en negociación, con el objetivo de evaluarlos o eventualmente trasladarlos al ámbito de competencia de ProInversión.
La respuesta de Petroperú llegó el 18 de mayo mediante una carta firmada por el gerente general, Gustavo Villa Mora. La empresa estatal cuestionó que los requerimientos formulados estuvieran contemplados, de manera expresa o implícita, dentro de las competencias asignadas a ProInversión por los decretos de urgencia vinculados a la reorganización y al financiamiento.
Según Petroperú, el acceso a información por parte de la agencia debe limitarse estrictamente a los bloques patrimoniales comprendidos en el proceso de reorganización. Además, advirtió que parte de la documentación requerida posee carácter interno y potencialmente sensible para la compañía.
Pese a ello, la petrolera señaló que pondría el pedido en conocimiento de su directorio para evaluar la pertinencia y alcance de una eventual entrega de información.
La controversia derivó en una reunión realizada el 20 de mayo entre representantes de Petroperú, ProInversión y altos funcionarios del Ejecutivo, entre ellos el presidente del Consejo de Ministros, el ministro de Energía y Minas y representantes del Ministerio de Economía y Finanzas. Tras el encuentro, ambas entidades emitieron un comunicado conjunto y Petroperú finalmente accedió a remitir la información solicitada.
Especialistas consultados coincidieron en que las medidas de control impuestas por ProInversión responden a la necesidad de asegurar el uso adecuado de la línea de financiamiento estatal y garantizar la viabilidad del proceso de reorganización financiera de la petrolera.
