El país carece actualmente de proyectos auríferos relevantes en desarrollo, lo que limita las perspectivas de crecimiento de la producción de oro en los próximos años, señaló Carlos Gallardo, gerente general del Instituto Peruano de Economía (IPE), durante su participación en el reciente Jueves Minero del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).

Oro sin nuevos proyectos

Durante su presentación, el vocero del IPE, señaló que, a diferencia del cobre, que cuenta con una cartera de iniciativas con cronogramas definidos hasta 2032, el sector aurífero no dispone de proyectos con plazos concretos, en un contexto en el que la minería ilegal continúa expandiéndose incluso sobre áreas protegidas y operaciones valorizadas en más de US$ 12 mil millones. 

“No hay ningún proyecto relevante que tenga fecha definida que represente un incremento importante en los niveles de producción. Salvo Conga, que no tiene fecha definida”, indicó en el auditorio del IIMP.

El economista explicó que, pese a este panorama, el país mantiene una gran oportunidad en el desarrollo de su cartera minera, especialmente en cobre, donde existe el potencial de duplicar la producción. En ese escenario, destacó el rol de Cajamarca, región que concentra cerca del 40% de dicha cartera y que podría convertirse en el principal polo productivo del país.

El representante del IPE señaló que, además de la minería ilegal, existen otros factores que limitan el avance de la cartera minera en el país. Entre ellos, destacó el exceso de tramitología, con procedimientos que superan los plazos legales y que son más numerosos que en otros países mineros.

También advirtió que, si bien la conflictividad social ha disminuido respecto a los picos de 2022 y 2023, los riesgos siguen latentes. “Hemos mejorado, pero los riesgos siguen presentes. Si no se cierran brechas adecuadamente, podemos volver a niveles elevados de conflictividad”, comentó.

Otro punto crítico es la limitada capacidad institucional, especialmente en el proceso de consulta previa. Según indicó, al ritmo actual, tomaría décadas culminar los procesos pendientes en el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), lo que evidencia la necesidad de fortalecer capacidades y mejorar la gestión.

Asimismo, mencionó problemas en el catastro nacional, con superposición de áreas y falta de ordenamiento, lo que dificulta la exploración y el desarrollo de nuevos proyectos.

Estrategia integral 

En este contexto, Gallardo enfatizó que enfrentar la minería ilegal requiere una estrategia integral que vaya más allá del enfoque limitado en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). “El debate se ha centrado demasiado en el Reinfo, cuando es solo un aspecto del problema. Venimos discutiéndolo hace años, pero no hablamos lo suficiente de trazabilidad, interdicción, alternativas de desarrollo o coordinación interinstitucional”, sostuvo.

El representante del IPE indicó que es necesario reorientar la discusión hacia medidas concretas que incluyan acciones de interdicción permanentes y articuladas, con mayor trabajo de inteligencia, así como procesos de formalización con plazos estrictos, fiscalización efectiva y sin excepciones. Asimismo, subrayó la importancia de implementar una política de trazabilidad integral del oro a lo largo de toda la cadena de suministro.

Añadió que también se requiere fortalecer la articulación entre entidades del Estado, impulsar la cooperación transfronteriza y asegurar una presencia efectiva en el territorio, que permita desalojar a los invasores y restituir las concesiones afectadas. A ello se suma la necesidad de promover alternativas de desarrollo económico en las zonas impactadas por esta actividad ilegal.

“El debate se ha centrado demasiado en el Reinfo, cuando es solo una parte del problema. Necesitamos enfocarnos en medidas concretas y en una estrategia integral para enfrentar la minería ilegal”, subrayó.

Finalmente, Gallardo remarcó que destrabar la cartera minera es clave para el crecimiento del país. Según estimaciones del IPE, el desarrollo total de los proyectos podría generar un impulso económico equivalente a dos veces el Producto Bruto Interno (PBI) en un periodo de 15 años.

“El impacto no es solo para el sector minero. Se dinamizan otros sectores, se genera empleo, mayor recaudación y se contribuye a reducir la pobreza. Cuando un proyecto no avanza, no es solo un problema de la empresa o de una región, es una oportunidad que pierde el país”, concluyó.