El término “concesión ociosa” es una falacia para promover y justificar actividades mineras informales en derechos ajenos que aún no entran en producción. El problema no es la supuesta “ociosidad”, sino la profunda asimetría regulatoria de la inversión formal frente a la informal.

Las concesiones son capturadas por distintos factores y en diferentes momentos. Esto secuestra el recurso mineral, retirándolo del circuito productivo formal para ser capturado por la informalidad.

El Catastro Minero Peruano es un modelo para muchos países que buscan atraer inversiones. Basado en cuadrículas de 100 hectáreas y coordenadas UTM, constituye, junto con su enorme potencial geológico, una inmejorable ventaja competitiva para el país.

Sin embargo, esta ventaja inicial para ejercer minería formal  se enfrenta a mecanismos que bloquean o paralizan el desarrollo de los proyectos, configurando «concesiones secuestradas» por cuatro factores sistémicos:

1. El “Secuestro” Burocrático: la megafase de la permisología.

El diseño de los procesos administrativos de las instituciones que otorgan permisos y autorizaciones posteriores a la concesión extiende los plazos de tal forma que paraliza los proyectos, provocando su traslado a otras jurisdicciones más competitivas. Se “captura” el valor del proyecto, configurándose de facto una prohibición para operar, mientras el Estado percibe el derecho de vigencia y la penalidad por no producir.

2. El “Secuestro” Político: el canon fallido.

La incapacidad para transformar la renta en bienestar convierte a la concesión en rehén de las expectativas sociales insatisfechas. El inversionista formal termina asumiendo el pasivo social del Estado. A ello se suman los conflictos sociales instrumentalizados como plataformas políticas personales.

3. El “Secuestro” Normativo: el REINFO.

La informalidad goza de inmunidad. Al operar el REINFO como un título habilitante para actuar sobre concesiones ajenas, los pasivos sociales y ambientales son asumidos por el Estado, los concesionarios y la población impactada. El REINFO sustituye el aprovechamiento eficiente por una explotación errática en zonas de alta ley y sin planificación. Mientras tanto, el titular está maniatado por una asimetría regulatoria que subsidia la informalidad.

4. El “Secuestro” por la Inseguridad: la ausencia de garantías.

Incluso existiendo permisos y derechos, el acceso al recurso es bloqueado por amenazas, invasiones o violencia. Es deber del Estado brindar protección y seguridad plenas, condición básica para el ejercicio de la inversión formal.

La integridad pública, como principio del buen gobierno, exige dejar de culpar al inversionista formal por las acciones de estos cuatro “secuestradores” que erosionan la competitividad del Perú. El reto del Estado es liberar la “concesión secuestrada”, defender la seguridad jurídica y el derecho del país a una minería moderna, con estándares ambientales, sociales y técnicos.

Una concesión secuestrada exige liberación, no eliminación.