Phoenix Copper destituyó con efecto inmediato a Marcus Edwards-Jones y a Richard Wilkins, cerrando así una investigación interna iniciada el 9 de febrero. La revisión se centró en el entonces presidente ejecutivo y en el director financiero de la compañía. La decisión marca un punto de quiebre en la conducción de la minera, que actualmente intenta asegurar financiamiento para llevar a producción su proyecto Empire, ubicado en Idaho.

La empresa informó que la investigación confirmó pagos históricos por aproximadamente US$1.765 millones realizados entre 2016 y 2025. Esos recursos fueron transferidos a Lloyd Edwards-Jones S.A.S., identificado como exasesor de finanzas corporativas. Según Phoenix, Wilkins habría autorizado esos desembolsos sin conocimiento ni aprobación del consejo, y además habría compartido beneficios derivados de esas operaciones.

Más allá del monto, el aspecto más delicado radica en la naturaleza de esas transacciones. La investigación concluyó que calificaban como operaciones con partes relacionadas bajo la Regla 13 del mercado AIM de Londres. Sin embargo, la empresa no consultó a sus directores independientes ni a su asesor nominado antes de realizar los pagos. Esa omisión expone un problema central de gobierno corporativo, ya que los mercados suelen reaccionar con dureza ante la falta de transparencia en la supervisión.

La revisión interna también detectó pagos adicionales no autorizados por alrededor de £610,000. Parte de esos fondos fue a un intermediario vinculado a financiamiento mediante bonos. Otros desembolsos se ejecutaron incluso después de que el consejo ordenara detenerlos. La compañía indicó que ahora busca recuperar esos recursos y afirmó que ambos exdirectivos manifestaron disposición para colaborar en ese proceso.

Tras las destituciones, la empresa anunció cambios inmediatos en su estructura de liderazgo. Catherine Evans asumió como presidenta interina no ejecutiva, mientras que Ryan McDermott permaneció como director ejecutivo con apoyo del consejo asesor. Phoenix también nombró a un director financiero interino, externalizó la secretaría corporativa y notificó a Crowe UK sobre los hallazgos. Por ahora, la compañía no prevé reexpresar estados financieros anteriores, aunque sí planea revelar estos pagos en las cuentas correspondientes a 2025.

El episodio llega en un momento financiero complejo para la minera. Phoenix reconoció que su capital de trabajo sigue bajo presión y que, tras una revisión de costos y flujo de caja, la liquidez actual alcanzaría solo hasta el final del segundo trimestre de 2026. En paralelo, la empresa negocia con Riverfort Global Opportunities sobre su crédito de corto plazo y busca renegociar términos con Indigo Capital.

El mercado ya había reaccionado antes del anuncio de las destituciones. El 9 de febrero, cuando Phoenix suspendió a ambos ejecutivos y comunicó la apertura de la investigación, sus acciones llegaron a caer hasta 50%. Según reportes de prensa financiera, el precio del papel tocó un mínimo histórico cercano a un penique, reflejando el impacto inmediato de la pérdida de confianza de los inversionistas.

Aun así, la crisis plantea dos dimensiones distintas. Una corresponde al valor del activo minero; la otra, al gobierno corporativo de la empresa. El escándalo golpea directamente el segundo frente, pero también pone en riesgo el primero porque el desarrollo del proyecto requiere capital de largo plazo. En la industria minera, incluso un yacimiento prometedor puede perder impulso si el mercado duda de la disciplina financiera de quienes lo gestionan.

El proyecto Empire, que Phoenix considera su activo insignia cerca de Mackay, Idaho, sigue siendo el eje de su estrategia. La compañía proyecta una vida de mina de ocho años y una producción anual superior a 8,000 toneladas métricas de metal equivalente de cobre, además de oro y plata como subproductos. Ese potencial explica por qué la reorganización de la dirección no solo busca corregir fallas internas, sino también restaurar credibilidad para sostener el desarrollo futuro del proyecto.