La canadiense Lupaka Gold Corp. presentó una demanda ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia con el objetivo de ejecutar el laudo arbitral que obtuvo contra el Estado peruano. El fallo fue emitido por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) y, con intereses acumulados, el monto reclamado asciende actualmente a unos US$ 68,6 millones.

La acción judicial forma parte de la estrategia de la compañía para concretar el cobro del laudo anunciado el 2 de julio de 2025, tras una controversia vinculada a la paralización de su proyecto Invicta, ubicado en la región Lima. La minera adelantó que, además del proceso en Estados Unidos, prevé iniciar procedimientos de ejecución en otras jurisdicciones si fuera necesario.

El monto adeudado continúa incrementándose por la aplicación de intereses equivalentes a la tasa de los bonos del Tesoro estadounidense más 5%, capitalizados anualmente. Según el último reporte de la empresa, la cifra actualizada alcanza aproximadamente US$ 68.648.774.

En virtud de la Convención del CIADI y de la legislación federal que la implementa en Estados Unidos, los tribunales que reciben una solicitud de ejecución solo pueden verificar la autenticidad del laudo y proceder a su cumplimiento. Lupaka sostuvo que no existe controversia sobre la validez del fallo, por lo que confía en avanzar hacia eventuales medidas de embargo de activos peruanos en territorio estadounidense.

El director ejecutivo de la compañía, Gordon Ellis, señaló que la firma esperaba que el pago se concretara antes de la conferencia anual de la Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC), celebrada en Toronto, aunque finalmente optó por activar el mecanismo judicial.

La disputa se originó en diciembre de 2019, cuando Lupaka inició un arbitraje contra la República del Perú bajo el Tratado de Libre Comercio Canadá-Perú. El proceso se desarrolló ante el CIADI y concluyó el 30 de junio de 2025 con un laudo favorable a la empresa por aproximadamente US$ 67 millones.

El tribunal determinó que el Estado peruano no actuó de manera efectiva frente a protestas comunitarias registradas en 2018 en la provincia de Huaura, que derivaron en la paralización de la mina Invicta. Tras el fallo, Perú tenía 120 días para solicitar la anulación, plazo que venció el 28 de octubre de 2025 sin que se interpusiera recurso alguno. En el arbitraje, Lupaka fue representada por el estudio internacional LALIVE y contó con financiamiento de Bench Walk Advisors, firmas que continúan vinculadas al proceso hasta que se concrete el cobro.