Siete de los 25 principales productores de oro en Perú durante 2025 operan bajo el régimen de pequeño productor, según datos del Instituto Peruano de Economía (IPE). Este escenario coincide con un aumento del envío de oro ilegal, que ya iguala el volumen de las exportaciones formales, generando preocupación sobre la trazabilidad y control en uno de los sectores más importantes del país.

Según estimaciones del IPE, la mitad del oro exportado en 2025 provino de fuentes ilegales, lo que equivale a más de 104 toneladas de mineral ilícito, prácticamente la misma cantidad que la producción formal. Esta minería ilegal generó ingresos superiores a 11,500 millones de dólares, convirtiéndose en la economía ilícita más grande del país, por encima del narcotráfico, la trata de personas o la tala ilegal, explica Paola Herrera, economista senior del IPE.

Un dato relevante es que varios de los mayores productores de oro están inscritos como pequeños productores, un régimen diseñado para operaciones de menor escala. Sin embargo, estas empresas producen volúmenes similares a compañías del régimen general, lo que evidencia un desajuste en la categorización y regulación de la actividad minera.

Cuatro de estos pequeños productores se ubican en Arequipa: Minera Paraíso, Compañía Minera Sol de los Andes, Minera Yanaquihua y Analityca Mineral Services. Dos operan en Ayacucho: Minera Laytaruma y Minera Sotrami, mientras que Paltarumi opera en Barranca, al norte de Lima. Esta concentración evidencia que ciertas regiones concentran gran parte de la actividad minera informal y de alto volumen bajo un régimen de pequeña escala.

La falta de un sistema robusto de trazabilidad genera riesgos: el oro ilegal puede mezclarse con el producto legal en plantas de procesamiento, pasar por comercializadoras y ser exportado como si fuera formal. La supervisión de los pequeños productores recae en los Gobiernos Regionales y sus Direcciones Regionales de Energía y Minas, pero estas entidades carecen, en muchos casos, de la capacidad técnica, operativa y presupuestal para ejercer un control efectivo, sobre todo en zonas con alta dispersión geográfica.

Otro indicador preocupante es el crecimiento acelerado de empresas procesadoras de oro. En 2025 se creaban en promedio tres nuevas procesadoras por día; en 2026, ese ritmo se ha duplicado a seis diarias, lo que intensifica los riesgos de descontrol y mezcla de minerales ilegales con productos formales.

En este contexto, el problema supera la capacidad de control de las autoridades. El Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), vigente hasta finales de este año, solo ha logrado formalizar al 2% de casi 90 mil inscritos desde 2016, según el Ministerio de Energía y Minas. Mientras el oro mantiene precios superiores a 4,800 dólares por onza, la falta de fiscalización genera un alto costo social y económico, dejando un panorama de opacidad en el sector.