El gerente regional de la Autoridad Ambiental del Gobierno Regional de Puno, Juan Isaac Angles Chipana, advirtió que la minería ilegal e informal continúa expandiéndose de manera sostenida en diversas zonas de la región, tanto en la selva como en la sierra. Subrayó que ya no se trata de hechos aislados, sino de una problemática que se viene extendiendo con mayor intensidad y que genera creciente preocupación en las autoridades.
Según detalló, información de la Comisión Ambiental Regional revela que, de los 12 mil mineros que estaban inscritos en el Instrumento de Gestión Ambiental para la Formalización Minera (IGAFON), entre 5 mil y 6 mil fueron retirados del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), el cual volvió a estar bajo la administración del Ministerio de Energía y Minas. Al quedar fuera de este padrón, dichas personas pasaron automáticamente a la condición de ilegales.
Angles Chipana precisó además que, aparte de los excluidos del REINFO, existe otro grupo de mineros que nunca estuvo registrado y que opera al margen de la ley. Indicó que el incremento del precio internacional del oro ha sido un factor determinante para el auge de esta actividad ilícita, al hacerla más atractiva económicamente en distintas localidades de Puno.
El funcionario también informó que la Comisión Ambiental Regional viene coordinando acciones con la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental y la Policía Nacional del Perú para enfrentar esta problemática. No obstante, advirtió que la Policía de Medio Ambiente en Juliaca cuenta apenas con dos efectivos, lo que limita las labores de interdicción y reduce la capacidad de respuesta en las zonas consideradas críticas.
Finalmente, explicó que las coordinaciones para ejecutar operativos pueden demorar entre 15 y 20 días, lo que eleva el riesgo de filtración de información debido a que se trata de organizaciones vinculadas al crimen organizado. Ante este escenario, se ha solicitado a la Presidencia del Consejo de Ministros la creación de una División de Intervención Inmediata en Puno, con capacidad de actuar en menos de 24 horas, para fortalecer la presencia del Estado y enfrentar con mayor eficacia la minería ilegal.
