Vale estima que podría restablecer las condiciones operativas en las minas de Viga y Fábrica, en Minas Gerais, en un plazo de dos a tres semanas. El director ejecutivo, Gustavo Pimenta, comunicó esa previsión durante una llamada con inversionistas al presentar los resultados del cuarto trimestre de 2025. Aun así, la compañía dejó claro que cualquier reinicio dependerá de la autorización expresa de las autoridades competentes.

La estimación llega después de los desbordamientos de agua con sedimentos que obligaron a suspender actividades a finales de enero. Las lluvias intensas en la región generaron incidentes en distintos puntos, aunque sin conexión directa entre ellos, y llevaron a los reguladores locales a exigir medidas de emergencia. En Congonhas, el municipio ordenó la suspensión de permisos y demandó controles adicionales, monitoreo constante y acciones de mitigación ambiental.

En la mina Fábrica, situada en Ouro Preto, la empresa reportó un desborde en una cava durante la madrugada del 25 de enero. Al día siguiente informó un evento similar en Viga, en Congonhas. Autoridades locales y reportes preliminares asociaron los episodios con afectaciones a corrientes de agua y con posibles impactos en instalaciones cercanas de CSN, actor relevante en la cadena siderúrgica.

La reacción institucional en Minas Gerais incluyó sanciones económicas y la continuidad de la paralización operativa. La Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible multó a Vale y condicionó la reanudación de actividades a la comprobación de control ambiental efectivo. Días más tarde, el Gobierno estadual elevó el total de las sanciones a 3,3 millones de reales al considerar reincidencia bajo el marco regulatorio vigente.

En el frente judicial, el Ministerio Público de Minas Gerais y el Estado obtuvieron una decisión que ordena la paralización inmediata de todas las operaciones mineras en el Complejo de Fábrica hasta que una verificación técnica independiente certifique la estabilidad y seguridad de las estructuras. Si bien la medida permite continuar con labores de mitigación y protección ambiental, envía una señal clara sobre el estándar exigido para autorizar el retorno.

En paralelo, el Ministerio Público Federal solicitó el bloqueo de recursos para garantizar la reparación integral de los daños. Según la fiscalía, el volumen involucrado alcanzaría alrededor de 262 mil metros cúbicos de agua y sedimentos, con impactos en cuerpos hídricos que alimentan cuencas locales. La cifra resulta relevante porque conecta el incidente con eventuales responsabilidades ambientales y con la necesidad de financiamiento para la remediación.

Frente a este escenario, Vale ha buscado demostrar control técnico y trazabilidad en sus acciones. La compañía informó la instalación de sistemas de videomonitoreo y medición de nivel en tiempo real en Fábrica, además de intervenciones en el área denominada “Pit 18”, donde realiza reconfiguración del terreno y limpieza de drenajes. En Viga, ejecuta trabajos de desazolve, revisa la red de drenaje y mejora caminos de acceso.

La empresa también subrayó la implementación de monitoreo ambiental continuo en arroyos cercanos, con mediciones diarias cuyos resultados serán compartidos con las autoridades. Además, emprendió tareas de limpieza en cauces aun cuando el origen exacto de los sedimentos no estuviera completamente determinado, en un contexto de elevada sensibilidad social y regulatoria.

El debate sobre el momento de reapertura no depende únicamente de la capacidad técnica de la compañía. Minas Gerais mantiene una fuerte presión política y social tras desastres mineros ocurridos en años anteriores, lo que eleva el umbral de exigencia para cualquier autorización. La recuperación de la confianza regulatoria se perfila así como un desafío tan importante como la normalización operativa.

Desde el punto de vista productivo, analistas estiman que Viga y Fábrica representan cerca de 8 millones de toneladas anuales, aproximadamente 2% de la meta de producción de mineral de hierro prevista para 2026. Vale ratificó su guía anual de entre 335 y 345 millones de toneladas, aunque la incertidumbre asociada a permisos, multas y costos de remediación podría influir en la percepción del mercado y en la cadena del acero regional.