La confirmación de que algunos trabajadores vinculados al proyecto Pánuco, de la canadiense Vizsla Silver, fueron encontrados sin vida vuelve a colocar a la seguridad como el principal cuello de botella para la minería en México. El caso ocurrió en Concordia, al sur de Sinaloa, una región con larga tradición minera, pero que en los últimos años ha registrado un deterioro evidente en el control territorial.

El 9 de febrero de 2026, la empresa informó que familiares le comunicaron que algunos de sus colegas “han sido encontrados sin vida”, aunque aclaró que aún esperaba confirmación formal por parte de las autoridades mexicanas. En su mensaje, Vizsla Silver combinó condolencias con un enfoque operativo, subrayando que la prioridad inmediata es localizar a las personas que continúan desaparecidas y mantener el acompañamiento a las familias y a la comunidad local.

El antecedente clave se remonta al 23 de enero, cuando un grupo armado privó de la libertad a diez personas en el sitio del proyecto, en Concordia. Días después, la compañía reconoció públicamente el hecho y señaló que la información disponible era limitada debido al curso de la investigación. También anunció la activación de equipos de respuesta y la suspensión temporal de algunas actividades como medida preventiva.

La investigación federal tomó mayor relevancia a inicios de febrero, cuando autoridades localizaron restos humanos en fosas clandestinas en la zona de El Verde, dentro del mismo municipio. Medios nacionales reportaron que, con el avance de las diligencias, colegas y familiares lograron identificar al menos a cuatro integrantes del grupo desaparecido.

Para el sector minero, el impacto va más allá de la estadística de violencia. Este tipo de hechos modifica la percepción de riesgo laboral en campo y reactiva el debate sobre protocolos de seguridad, presencia del Estado y coordinación en regiones productivas donde operan proyectos formales.

En paralelo, reportes internacionales señalaron que autoridades mexicanas desplegaron más de mil elementos federales, entre personal militar y fuerzas especializadas, con el objetivo de localizar a las personas restantes y reforzar el control operativo en la zona serrana. En ese mismo contexto, se informó sobre la detención de cuatro sospechosos relacionados con el caso.

Para Vizsla Silver, el golpe se siente en dos planos. El primero es humano, por el daño irreparable a las familias y a comunidades que dependen del empleo formal. El segundo es industrial, ya que el proyecto Pánuco representa una apuesta relevante de exploración avanzada para la minería de plata y oro en México, y cualquier suspensión afecta cronogramas, contratación local y decisiones de inversión.

La minería formal opera bajo esquemas de trazabilidad, controles ambientales y obligaciones fiscales, lo que la hace más visible y, en ocasiones, más vulnerable frente a presiones criminales. En regiones donde coexiste con extracción ilegal, surgen fricciones que distorsionan precios, compiten por mano de obra e introducen dinámicas que erosionan la confianza en las cadenas productivas.

En Sinaloa, la conversación pública ha vinculado el deterioro de la seguridad con disputas criminales más amplias. Reportes periodísticos recientes han señalado que la zona donde ocurrieron los hechos se encuentra bajo influencia de un grupo delictivo, lo que ayuda a explicar las dificultades de acceso y movilidad incluso para personal especializado.

En este contexto, la discusión no debería centrarse en si una empresa debe o no operar en un municipio complejo, sino en qué condiciones mínimas deben existir para que el empleo formal no se convierta en una ruleta rusa. Un proyecto minero genera mucho más que perforaciones: activa cadenas de suministro, servicios locales y fuentes de ingreso estables en regiones con pocas alternativas económicas.

Cuando la seguridad se rompe, no solo se paraliza una obra. También se apagan ingresos para transportistas, talleres y comercios, en municipios donde el trabajo formal es escaso y la migración ya presiona a las comunidades. El costo social de la violencia en zonas productivas suele ser más alto de lo que reflejan los titulares.

Mientras avanzan las investigaciones, el caso deja una lección incómoda para el sector: la seguridad ya compite con la geología como factor decisivo de inversión. Si México quiere sostener producción de metales, empleo técnico y recaudación, necesita garantizar condiciones mínimas de legalidad. La discusión dejó de ser aspiracional y se convirtió en un requisito básico para competir por capital en América del Norte.