México y Estados Unidos formalizaron un plan de acción para asegurar el abasto de minerales críticos y construir una cadena regional que vaya más allá de la simple extracción y exportación de concentrados. El entendimiento se inserta en una conversación más amplia sobre la competitividad industrial de Norteamérica, donde la seguridad económica ya se discute con el mismo lenguaje que la seguridad nacional. En este marco, minerales como litio, cobre, níquel y tierras raras dejaron de ser sólo insumos de mercado para convertirse en piezas estratégicas para baterías, semiconductores, telecomunicaciones y defensa.
El acuerdo busca blindar las cadenas de suministro frente a choques geopolíticos y reducir la exposición de la región al dominio asiático en el procesamiento, con China como actor central en varios eslabones. Milenio reportó que los objetivos incluyen coordinar políticas comerciales, armonizar estándares regulatorios, promover inversiones, compartir información geológica y detonar proyectos conjuntos. Este alcance es relevante porque el principal cuello de botella global no está únicamente en la mina, sino en etapas como refinación, separación, metalurgia avanzada y fabricación de componentes.
Jamieson Greer, representante comercial estadounidense, enmarcó el anuncio como un paso para corregir distorsiones del mercado global que volvieron frágiles las cadenas de minerales críticos en América del Norte. Desde la perspectiva de Washington, la fragilidad no se mide sólo en precios, sino en la continuidad del suministro para industrias sensibles y en la capacidad de sostener la producción durante crisis. De ahí que el discurso oficial mezcle transición energética con radares, satélites y redes de comunicación segura.
Milenio añadió un componente político clave: una proclamación presidencial de Donald Trump, en enero de 2026, que define estos minerales como indispensables para la defensa, la infraestructura estratégica, la industria tecnológica y la resiliencia económica. Con esa base, Estados Unidos considera la dependencia del procesamiento en Asia como una vulnerabilidad directa. El mensaje es claro: si el valor agregado ocurre fuera de casa, el riesgo persiste aunque existan yacimientos disponibles.
En consecuencia, el plan bilateral apunta a una cadena integrada. En términos prácticos, implica pasar de discutir concesiones y permisos a hablar de trazabilidad, estándares, financiamiento, capacidad industrial y reglas de comercio. Milenio señaló que el acuerdo contempla identificar minerales prioritarios, analizar esquemas de precios mínimos en frontera y explorar la adhesión a un acuerdo plurilateral vinculante. Ese componente comercial puede convertirse en el eje del arreglo, al fijar señales de precio, preferencia de compra y certidumbre para invertir.
Para México, el anuncio llega en un momento delicado y oportuno. Delicado, por las tensiones regulatorias, disputas sociales y retos de seguridad en regiones mineras, con costos operativos al alza. Oportuno, porque la relocalización industrial y la revisión del T-MEC abrieron una ventana para atraer inversiones de mayor valor agregado, siempre que el gobierno logre ofrecer reglas claras y tiempos de autorización razonables.
Conviene evitar una confusión frecuente: minerales críticos no significa minerales raros ni nuevos. El término depende de la importancia económica y del riesgo de suministro, y cambia según el país y el momento. Milenio citó que la lista del US Geological Survey incluye más de 50 minerales, desde antimonio, cobalto y grafito hasta tungsteno, vanadio y otros, además de menciones recientes de uranio, plata y cobre. La criticidad, en suma, puede alcanzar a metales tradicionales cuando la demanda se dispara o el suministro se concentra.
En el caso mexicano, la discusión pública se concentró durante meses en el litio, por su carga simbólica y legal. Sin embargo, el propio gobierno reconoce que el país ya es relevante en otros minerales. Roberto Velasco, desde la cancillería, afirmó que México produce minerales críticos como cobre, plata y manganeso, y subrayó el respeto a la Constitución, las leyes y la soberanía en cualquier cooperación. Ese énfasis responde a críticas que ven el plan como una vía para condicionar recursos o desplazar decisiones estratégicas fuera del marco nacional.
El reto central es conciliar integración con control nacional. México puede ganar si sube en la cadena de valor, pero debe cuidar legitimidad social, cumplimiento ambiental y beneficios locales. La oportunidad real está en atraer inversión en procesamiento, metalurgia, reciclaje y manufactura asociada, donde el empleo y el valor se multiplican. El plan México–Estados Unidos abre una puerta a esa transformación; aprovecharla dependerá de convertir la coyuntura en capacidad industrial instalada, con estándares altos y beneficios visibles para la región.
