La industria minera mexicana volvió a colocar en la agenda pública un tema que incomoda pero no puede ignorarse: la seguridad. La Cámara Minera de México (Camimex) denunció la privación de la libertad de 10 trabajadores vinculados a empresas con operaciones en Sinaloa, específicamente en el municipio de Concordia.

Según el organismo empresarial, las personas desaparecidas son ingenieros y personal técnico que prestaban servicios en la zona. Desde hace más de una semana no se tiene información sobre su paradero ni sobre su estado de salud, lo que ha generado preocupación entre familiares, empresas y el sector en general.

El reporte se dio en un contexto marcado por un deterioro sostenido de la seguridad en el sur de Sinaloa. Autoridades estatales y federales desplegaron operativos de búsqueda tras el secuestro ocurrido el 23 de enero, con la participación de helicópteros artillados y aeronaves. La violencia en el estado, ligada a disputas internas del Cártel de Sinaloa desde septiembre de 2024, sigue presionando a comunidades y actividades productivas.

De acuerdo con información de Expansión Política, los trabajadores laboraban en el complejo de Pánuco, una pequeña comunidad de aproximadamente 350 habitantes en Concordia. Las autoridades no han confirmado la nacionalidad de las víctimas, aunque reportes locales indican que la mayoría sería originaria de Sonora.

Ese dato resulta relevante porque evidencia una realidad poco discutida: la minería formal depende de personal técnico especializado que se desplaza entre regiones y sostiene cadenas productivas más amplias. No se trata solo de infraestructura o inversión, sino de capital humano que se mueve en territorios cada vez más riesgosos.

Camimex y otras organizaciones del sector advirtieron que la inseguridad se ha convertido en un riesgo estructural para las zonas mineras. En su posicionamiento, el gremio expresó solidaridad con las familias y defendió el derecho de los trabajadores a desempeñar su labor en condiciones de seguridad y dignidad.

El comunicado también rechazó de manera categórica cualquier insinuación de vínculos entre empresas mineras y grupos criminales. El sector subrayó que mineros, comunidades, contratistas y periodistas son víctimas directas de la violencia, no beneficiarios de ella.

Esta aclaración cobra peso en un país donde la conversación pública suele castigar por asociación. En regiones con presencia criminal, actividades económicas formales enfrentan sospechas automáticas. En el caso de la minería, el impacto es doble: primero la violencia y luego la estigmatización, lo que termina afectando inversión, empleo y desarrollo local.

En el plano operativo, las autoridades reportaron avances. En Sinaloa fueron detenidas cuatro personas presuntamente vinculadas al caso, además del aseguramiento de armas y cartuchos. La Fiscalía estatal informó el hallazgo de pertenencias de los trabajadores durante cateos, las cuales serán analizadas para confirmar su relación con los desaparecidos.

Pese a estos avances, el problema de fondo permanece. La minería, como otros sectores que operan lejos de centros urbanos, depende de carreteras seguras, comunicación constante y presencia efectiva del Estado. Sin esas condiciones, las empresas reducen operaciones, elevan costos y frenan inversiones, con impactos directos en las economías locales.

Camimex recordó que la minería formal genera empleo y desarrollo en más de 696 comunidades del país. Cuando opera bajo reglas claras, impulsa servicios locales, compras regionales y proyectos comunitarios que elevan el nivel de vida, aunque sin sustituir la responsabilidad del Estado.

El caso de Sinaloa refleja un desafío nacional. Con miles de homicidios y personas desaparecidas en los últimos meses, la violencia amenaza con normalizarse como parte del entorno productivo. La exigencia del sector es clara: localizar con vida a los trabajadores y evitar que el miedo se convierta en una condición permanente para operar en México.