Mientras que a nivel mundial el desarrollo de un proyecto minero toma en promedio 28 años, en el Perú estos plazos se han extendido a más de cuatro décadas debido a la complejidad y acumulación de trámites. En contraste, países como Chile han incorporado mecanismos como el silencio administrativo, que permite considerar aprobados ciertos permisos cuando la autoridad no responde dentro del plazo legal.

En los últimos años, la minería peruana enfrenta un problema estructural asociado al exceso de procedimientos, fenómeno conocido como “permisología”. De acuerdo con la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), tres de cada cinco proyectos tardan entre 30 y 40 años desde la exploración hasta el inicio de operaciones, lo que afecta la competitividad del sector.

Gonzalo Quijandría, vicepresidente y presidente del Comité Sectorial Minero de la SNMPE, explicó que al menos siete años de ese proceso se pierden únicamente en la espera de permisos y autorizaciones estatales. Esta demora, sostuvo, no necesariamente se traduce en una mayor aceptación social de los proyectos.

Durante el webinar internacional “Simplificar para crecer: expertos internacionales analizan los desafíos regulatorios de la minería”, Quijandría cuestionó si el incremento de la tramitología ha logrado generar mayor tranquilidad en la ciudadanía. A su juicio, el endurecimiento y la multiplicación de trámites no han cumplido ese objetivo.

El contraste con Chile se volvió un punto central del debate. En septiembre de 2025, ese país aprobó la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, que introduce cambios como el uso del silencio administrativo en determinados permisos, la sustitución de algunos trámites por declaraciones juradas y sanciones tanto para empresas como para funcionarios que incumplan los plazos.

Manuel Barros, socio del Estudio Carey, explicó que la normativa chilena clasifica los permisos en seis categorías y que el silencio administrativo positivo aplica solo a algunos de ellos, principalmente aquellos vinculados a la construcción, funcionamiento y autorizaciones de segundo orden, siempre que se cumplan los plazos establecidos.

Para Quijandría, el reto del Perú es avanzar hacia un sistema de permisos que sea eficiente y predecible, sin debilitar los estándares ambientales, sociales ni de sostenibilidad. En ese sentido, planteó la necesidad de fortalecer la capacidad técnica de los evaluadores, revisar los procesos para eliminar redundancias e incorporar herramientas tecnológicas que agilicen trámites que hoy resultan innecesariamente largos.