El Poder Ejecutivo aprobó este viernes, en Consejo de Ministros, un decreto legislativo que endurece el marco penal contra la minería ilegal, al elevar la pena mínima para este delito y ampliar su alcance a nuevas conductas vinculadas a la cadena productiva del sector.

La norma incorpora expresamente como delitos las actividades de beneficio, relacionadas con el procesamiento y concentración de minerales, así como el tráfico ilícito de recursos minerales. Con ello, se busca abarcar no solo la extracción ilegal, sino también las etapas posteriores que permiten la inserción del mineral en los circuitos comerciales.

El incremento de las sanciones restituye la competencia de las fiscalías especializadas y permite el uso de técnicas especiales de investigación, acordes con la complejidad de las organizaciones criminales que operan en torno a la minería ilegal. Estas herramientas apuntan a una persecución más eficaz de redes estructuradas y de alto impacto.

La ampliación del tipo penal permitirá sancionar a quienes participan en el acopio, transporte, comercialización y exportación de minerales obtenidos de manera ilícita, cerrando vacíos legales que hasta ahora limitaban la intervención del Estado en eslabones clave de esta actividad.

Adicionalmente, el decreto deroga el numeral 8 del artículo 2 del Nuevo Código Procesal Penal, reforzando la acción penal al eliminar restricciones procedimentales. Con esta modificación, el Ejecutivo fortalece la capacidad del sistema de justicia para enfrentar la minería ilegal en todas sus fases y mitigar sus efectos ambientales, económicos y sociales.