La minería, en especial la del cobre, se mantiene como uno de los principales motores de la economía peruana. Solo en 2024, las exportaciones mineras superaron los US$ 47 mil millones, representando más del 60 % del total de envíos del país, según cifras del Ministerio de Energía y Minas (Minem). Sin embargo, un reciente informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) advierte que determinadas prácticas vinculadas a los precios de transferencia en operaciones mineras podrían estar afectando la recaudación fiscal del Perú.
El estudio, que analiza los marcos normativos de Argentina, Chile y Perú, pone el foco en cómo los grupos empresariales multinacionales fijan precios en transacciones entre empresas vinculadas; como la venta de concentrados, servicios intragrupo, financiamiento o comercialización; y cómo estas operaciones, cuando no se alinean a valores de mercado, pueden facilitar el traslado de utilidades hacia jurisdicciones de menor carga tributaria.
En sectores complejos como la minería, donde la cadena de valor incluye múltiples etapas; extracción, procesamiento, transporte, exportación y servicios especializados; los precios de transferencia se convierten en un punto crítico de fiscalización. La CEPAL advierte que la heterogeneidad de los procesos productivos, la dificultad para establecer comparables confiables y la presencia de empresas relacionadas en territorios de baja tributación aumentan el riesgo de subvaloración de exportaciones y sobrecostos artificiales.
“En minería, el desafío no es sólo normativo, sino operativo. Si los precios intragrupo no reflejan condiciones de plena competencia, el país donde se genera el valor termina recaudando menos de lo que corresponde”, señala Carlos Vargas Alencastre, CEO en TPC Group.
Si bien el Perú cuenta con un marco normativo de precios de transferencia alineado a estándares internacionales, el informe de la CEPAL advierte que los principales desafíos se concentran en su aplicación efectiva. Las exigencias de documentación, la calidad de los análisis de comparabilidad y la capacidad de fiscalización siguen siendo puntos críticos, particularmente en un sector tan técnico y complejo como la minería, donde pequeñas variaciones en la valorización pueden tener un impacto significativo en la recaudación.
Esta situación adquiere mayor relevancia considerando el peso estratégico del cobre en la economía peruana y su rol creciente en la transición energética global. En un contexto de alta demanda internacional y cadenas de valor cada vez más sofisticadas, asegurar que las operaciones mineras se valoren de manera consistente con condiciones de mercado se vuelve clave no solo para proteger los ingresos fiscales, sino también para sostener la competitividad y credibilidad del país como productor minero.
“El reto concreto para el Perú es fortalecer los mecanismos de control sin afectar la dinámica de inversión. La correcta aplicación de los precios de transferencia se perfila así como un elemento central para equilibrar crecimiento económico, transparencia fiscal y un aporte real de la minería al desarrollo nacional.” concluye Alencastre Vargas.
