Aclara Resources Inc. identifica una coyuntura política favorable para acelerar el desarrollo de su proyecto chileno de tierras raras pesadas y acercar su cronograma al de su iniciativa más avanzada en Brasil. Este giro estratégico coincide con la inminente asunción del presidente electo José Antonio Kast, prevista para el 11 de marzo de 2026, con quien la compañía ya ha sostenido reuniones preliminares.

El planteamiento de la empresa, expuesto por su director ejecutivo Ramón Barúa, combina ambición industrial con una lectura cuidadosa del contexto político y financiero. Aclara apunta a iniciar producción a mediados de 2028, siempre que logre asegurar contratos de compra de largo plazo y cerrar el financiamiento necesario. En paralelo, la firma busca levantar cerca de US$ 1,000 millones para desarrollar minas en América Latina y plantas de procesamiento en Estados Unidos.

El activo chileno, conocido como Módulo Penco, se localiza en la Región del Biobío y forma parte de una estrategia de integración vertical. Esta comienza con la extracción de arcillas iónicas en Chile y Brasil, y se completa con procesos de separación y refinación en Estados Unidos. Para Aclara, la clave no está solo en la minería, sino en avanzar hacia productos de mayor valor agregado que resuelvan el cuello de botella en la cadena de suministro de imanes permanentes.

El interés por las tierras raras pesadas responde a su rol crítico en imanes de alto desempeño utilizados en vehículos eléctricos y aerogeneradores. Elementos como el disprosio y el terbio mejoran la resistencia térmica de estos componentes, lo que los vuelve estratégicos para la transición energética. Según la compañía, potenciales compradores —incluidas automotrices de Estados Unidos, Europa y Asia— no solo evalúan precios, sino también estabilidad regulatoria, permisos y trazabilidad ambiental.

En este punto, el factor Chile cobra relevancia. Kast llega al poder con un discurso pro inversión, reducción de cargas regulatorias y rebajas tributarias corporativas. En teoría, este enfoque podría acortar plazos y reducir la incertidumbre que suele encarecer los proyectos mineros, particularmente en el ámbito ambiental. La apuesta de Aclara es que un entorno más predecible permita acelerar permisos y abaratar el costo del capital.

Hasta ahora, Brasil aparecía como el proyecto más avanzado dentro del portafolio de la compañía. El proyecto Carina, en el estado de Goiás, obtuvo respaldo de la U.S. International Development Finance Corporation (DFC), que aportó US$ 5 millones para estudios de factibilidad. Más allá del monto, el apoyo de una agencia del gobierno estadounidense actúa como una señal positiva para otros inversionistas.

Aclara también cuenta con el respaldo de un accionista de control relevante. El grupo Hochschild posee el 57.7% de la empresa, aportando músculo financiero, experiencia regional y capacidad para gestionar permisos, ingeniería y relaciones comunitarias. En el negocio de minerales críticos, este tipo de respaldo reduce el riesgo percibido por el mercado, aunque no lo elimina por completo.

Desde una mirada estratégica, el entorno en Estados Unidos resulta tan decisivo como el chileno. La DFC amplió recientemente sus facultades tras la aprobación de la Ley de Autorización de Defensa para el año fiscal 2026, extendiendo su alcance a países que antes quedaban fuera por nivel de ingresos. Para proyectos que cumplan objetivos estratégicos y estándares ambientales, este cambio puede facilitar el acceso a financiamiento.

La coyuntura política estadounidense también influye. Con Donald Trump nuevamente en la presidencia desde enero de 2025, la seguridad de suministro de minerales críticos volvió al centro de la agenda. El gobierno impulsa instrumentos financieros para cadenas de suministro “no China”, donde América Latina aparece como proveedor natural, aunque cada país compite con su propio marco regulatorio y grado de certidumbre.

En Chile, el proyecto Penco no parte desde cero. Arrastra debates sociales y ambientales que han obligado a la empresa a ajustar su estrategia. Aclara ha destacado el uso de agua reciclada, la ausencia de relaves tradicionales y la reposición de arcillas con revegetación. En diciembre de 2025, la compañía anunció además la renuncia a derechos de aprovechamiento de agua como compromiso voluntario dentro de su evaluación ambiental.

Este contexto subraya que acelerar no debería implicar relajar estándares. Un permiso rápido pero débil suele terminar en tribunales, retrasando aún más los proyectos. Si el nuevo gobierno logra reducir burocracia sin afectar la rigurosidad técnica y ambiental, el beneficio podría ser doble: menor incertidumbre y mayor calidad regulatoria. Para la Región del Biobío, esto se traduciría en inversión, empleo y un eslabón industrial asociado a la transición energética.

En términos financieros, el desafío sigue siendo significativo. La inversión estimada para la mina chilena oscila entre US$ 150 y US$ 175 millones, y el inicio de producción en 2028 depende de asegurar financiamiento y contratos de venta. En el mercado de tierras raras, los acuerdos de offtake son clave para viabilizar proyectos, ya que permiten a bancos y fondos estructurar el financiamiento. En última instancia, lo que está en juego no es solo el calendario de Aclara, sino la capacidad de Chile para posicionarse como un destino competitivo y confiable en un mercado cada vez más estratégico y geopolítico.