La expansión de la minería ilegal en el Perú no solo provoca graves daños ambientales, sino que también representa una amenaza directa para el desarrollo de la minería formal y la llegada de nuevas inversiones. De acuerdo con un análisis del Instituto Peruano de Economía (IPE), esta actividad ilícita afecta proyectos mineros en cartera por al menos US$12.000 millones.
El IPE advierte que la minería ilegal ha avanzado en regiones con alto potencial minero como Cajamarca, Apurímac y La Libertad, donde incluso compite con proyectos formales de gran escala. Además, señala que el valor de las exportaciones de oro ilegal podría igualar al de la producción legal en 2025, reflejando el rápido crecimiento de esta economía ilícita.
La afectación no es solo productiva. La minería ilegal también genera importantes distorsiones económicas y fiscales. En la última década, esta actividad habría movilizado más de US$22.800 millones en operaciones sospechosas vinculadas al lavado de activos, según reportes de la Unidad de Inteligencia Financiera.
Asimismo, las pérdidas para el Estado son significativas debido a la evasión de impuestos y regalías. Diversas estimaciones indican que el impacto económico de la minería ilegal podría equivaler hasta el 2,5% del PBI, reduciendo recursos que podrían destinarse a inversión pública y servicios básicos.
Desde la perspectiva de la inversión, el avance de la minería ilegal incrementa la percepción de riesgo y debilita la predictibilidad regulatoria, factores clave para proyectos que requieren grandes montos de capital y plazos de largo plazo. Esta situación se vuelve especialmente crítica en un contexto en el que el Perú busca posicionarse como proveedor confiable de cobre y otros metales estratégicos para la transición energética.
El problema también tiene un fuerte componente social y ambiental. El uso indiscriminado de mercurio y la ocupación de zonas protegidas han generado una degradación severa de ecosistemas y afectan la salud de las poblaciones locales.
Frente a este escenario, especialistas coinciden en la necesidad de fortalecer la fiscalización, mejorar los mecanismos de control y desarticular las redes criminales que sostienen la minería ilegal. Sin estas medidas, advierten, el país seguirá viendo comprometido el desarrollo de su minería formal y su capacidad para atraer inversiones de largo plazo.
