El territorio peruano concesionado para la minería alcanzó en 2025 su nivel más alto desde 2016. Sin embargo, un análisis reciente del Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú (OCM) advierte que este crecimiento no es neutral: buena parte de las nuevas concesiones se está expandiendo en zonas donde la minería ilegal ya tiene una presencia significativa.

Actualmente, cerca del 16% del territorio nacional —algo más de 20 millones de hectáreas— está concesionado para actividades mineras. Aunque el mayor aumento se concentra en regiones como Puno, La Libertad y Áncash, el reporte identifica un avance poco habitual en áreas de la Amazonía.

El economista e investigador de CooperAcción, José de Echave, señaló que este comportamiento resulta especialmente visible en departamentos como Loreto y Ucayali, donde desde 2023 se observa una tendencia sostenida al alza del territorio concesionado.

De acuerdo con el OCM, los departamentos amazónicos concentran en conjunto alrededor del 11% de la superficie total concesionada para minería hasta octubre de 2025, una cifra que llama la atención si se considera el perfil productivo de estas zonas.

Según de Echave, en la Amazonía prácticamente no existe minería formal de gran escala. Lo que predomina es la minería ilegal. En ese contexto, el aumento de concesiones podría interpretarse como un intento de operadores informales por acceder a algún tipo de “formalización” y convertirse en titulares de derechos mineros.

Esta tendencia no se limita a la selva. El informe también detecta un incremento de concesiones en territorios andinos donde la minería informal y de pequeña escala tiene fuerte presencia, lo que sugiere un patrón que va más allá de una sola región.

El especialista destacó que en zonas amazónicas de Cusco, como Quispicanchi y La Convención, así como en Puno, se observa una expansión de concesiones en áreas donde conviven minería formal, pequeña minería e informalidad.

Un factor clave detrás de este avance es el precio del oro, que se mantiene por encima de los US$ 4,000 la onza. Este nivel incentiva la búsqueda de nuevas áreas y vuelve más atractivo asegurar derechos mineros, incluso sin planes inmediatos de explotación formal.

El análisis también apunta a la existencia de extensas concesiones “ociosas” como un elemento que facilita la expansión de la minería ilegal. De las más de 20 millones de hectáreas concesionadas en el país, menos de 2 millones se utilizan efectivamente para exploración o explotación.

Esto implica que alrededor de 18 millones de hectáreas permanecen improductivas. A ello se suma una fuerte concentración de derechos: apenas el 4.23% de los titulares, vinculados a la gran y mediana minería, controla el 63% de las concesiones, y cerca del 1% de los titulares concentra más de la mitad de la superficie concesionada.

Para de Echave, mientras no se discuta de fondo el régimen de concesiones mineras, será difícil frenar la expansión desordenada de la minería ilegal. En esa misma línea, advirtió que la futura Ley MAPE no bastará si no se revisa la Ley General de Minería de 1992 y si continúa el debilitamiento de la institucionalidad ambiental, especialmente del sistema de evaluación de impacto ambiental, cuyos plazos y capacidades técnicas se han venido reduciendo.