En Washington, los anuncios suelen sonar impecables hasta que chocan con la realidad. Esta semana, en los pasillos donde se decide presupuesto y poder, la conversación dejó de girar en torno a un “gran acuerdo” y empezó a concentrarse en un problema incómodo: un conflicto corporativo en Corea del Sur que amenaza uno de los planes más ambiciosos del gobierno de Donald Trump para fortalecer la oferta de zinc y metales críticos dentro de Estados Unidos.

La Casa Blanca presentó su alianza con Korea Zinc como una pieza central de su estrategia industrial. El plan contempla invertir 7,400 millones de dólares en un complejo metalúrgico en Tennessee, con participación del gobierno estadounidense y capital privado, para reducir la dependencia de cadenas de suministro dominadas por China, especialmente en insumos clave para la electrónica, la defensa y la industria aeroespacial.

El obstáculo no está en Tennessee, sino en Seúl. Allí se intensificó una disputa accionarial cuando Young Poong y MBK Partners, accionistas relevantes de Korea Zinc, solicitaron una medida cautelar ante un tribunal surcoreano. Su objetivo es frenar una emisión de acciones que la empresa planea usar para financiar el proyecto estadounidense.

La disputa no cuestiona el valor estratégico del complejo metalúrgico; incluso los demandantes dicen apoyar su construcción. El choque se concentra en el método de financiamiento y el control corporativo, ya que los críticos sostienen que la colocación accionaria diluye su participación y fortalece a la actual dirección en medio de una pelea por el control de la compañía.

Para Trump, el proyecto encaja en una narrativa que mezcla seguridad nacional, manufactura y autonomía tecnológica. El giro más intervencionista del gobierno —con esquemas híbridos y participación accionaria— busca atraer capital ligado a la defensa, pero también expone un costo político: Washington no controla juntas directivas ni litigios en el extranjero.

Según MINING.COM, con información de Bloomberg, este episodio es el primer tropiezo visible de la estrategia. Peter Harrell, exasesor económico de la administración Biden, lo resume con franqueza: existe un riesgo real de que el acuerdo no cierre. La frase subraya un límite claro del poder público: puede diseñar incentivos, pero no imponer la paz corporativa fuera de sus fronteras.

En lo industrial, el proyecto prevé construir la instalación junto a una planta existente, que serviría para capacitar personal antes de salir de operación. El gobierno busca además asegurar prioridad de suministro para metales considerados críticos, una razón por la que el Pentágono participa activamente en el diseño del acuerdo.

Reuters añade que el plan no se limita al zinc. Incluye la producción de plomo, cobre, oro y plata, así como minerales estratégicos como antimonio, germanio y galio, esenciales para sistemas de armas y semiconductores. Ese alcance explica el interés del Departamento de Defensa y la compleja ingeniería financiera que involucra deuda pública y capital privado.

El litigio ya genera costos: retrasa decisiones financieras, altera el calendario político y golpea al mercado. Tras conocerse la búsqueda de la orden judicial, la acción de Korea Zinc cayó cerca de 13%. Además, el caso abre un ángulo diplomático que podría tensar la relación entre Washington y Seúl, en un contexto ya marcado por fricciones comerciales.

Al final, el episodio deja una lección incómoda para los gobiernos que buscan reindustrializar con rapidez. La metalurgia es clave para la soberanía industrial, pero la seguridad de suministro no depende solo de minas y fábricas. También depende de gobernanza corporativa, litigios y accionistas. A veces, el mayor obstáculo no está bajo tierra, sino en el libro de accionistas.