En el marco del compromiso de consolidar una cultura de servicio público con principios éticos, el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), a través de la Oficina de Integridad Institucional (OII), desarrolló el Seminario Internacional “Legado de Integridad: El reto que define nuestro futuro”, realizado los días 24 y 25 de noviembre.
El evento fue inaugurado por la secretaria general del MINEM, Rommy Manyari, quien agradeció la participación de las instituciones de los distintos niveles del Estado y destacó la importancia de impulsar una cultura de ética y valores.
“La integridad nos permite trabajar con absoluto compromiso para alcanzar la meta de generar beneficios superiores a favor de millones de peruanos, construyendo una ruta al crecimiento y desarrollo”, enfatizó.
Durante la primera jornada, se presentaron las ponencias magistrales de Laetitia Lehmann, Senior Legal Regulatory & Compliance Counsel en Laser Digital, y Jem Fernández, docente de posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UAM), quienes brindaron una charla sobre ética pública, buenas prácticas y mecanismos de control institucional.
En el segundo día del seminario, se desarrolló un panel con la participación de expertos en integridad pública de la UAM, como Karla Valderde, Maximiliano García y Jem Fernández; así como la exposición de María Ballvé, Inventora y Compliance Officer del Ayuntamiento de Mollet del Vallés.
También se contó con la participación de Mariluz Santana García, gerente general de la Asociación de Empresarios por la Integridad del Perú, quien compartió la perspectiva del sector empresarial en materia de cumplimiento y responsabilidad ética.
En el ámbito energético y minero, la detección temprana de riesgos que puedan comprometer la integridad pública es esencial, dado el impacto estratégico de los proyectos y servicios del sector. Por ello, el MINEM ha fortalecido el rol de la OII para asegurar y promover mecanismos de transparencia en la gestión institucional.
El MINEM reafirma su compromiso asegurar el cumplimiento de prevenir, detectar y mitigar todo riesgo, para consolidar una administración ética, orientada al servicio ciudadano y basada en principios de integridad que permitan impulsar el desarrollo sostenible del país.
