En un nuevo esfuerzo por frenar la minería informal, el Comando Unificado Pataz (CUPAZ), integrado por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP), llevó a cabo la operación “Martillo N.º 1” en la región La Libertad. Esta intervención forma parte de las acciones intensificadas para recuperar el orden en una zona afectada por actividades mineras ilegales.

El operativo se realizó bajo el amparo de la ampliación del estado de emergencia decretado por el Gobierno mediante el Decreto Supremo N.º 122-2025-PCM, vigente del 6 de octubre al 6 de diciembre. La medida excepcional permite a las autoridades actuar con mayor rapidez y firmeza en áreas donde la seguridad se encuentra comprometida.

Según informó el Ministerio de Defensa, la intervención se desarrolló en el anexo Pueblo Nuevo, en la provincia de Pataz, donde personal policial y militar ejecutó la interdicción y destrucción de maquinaria y equipos utilizados para la minería ilegal que no contaban con registro en el REINFO. El valor total de los bienes destruidos asciende a S/ 540,150.

Durante la acción, se procedió a inutilizar una chancadora valorizada en S/ 120,000, tres fajas transportadoras por S/ 30,000, 720 sacos de material polimetálico que sumaban S/ 222,000 y nueve tanques IBC por S/ 54,000. Asimismo, se eliminaron diez compresoras de aire, además de equipos eléctricos, balanzas, generadores, cocinas industriales, soldadoras, bombas de agua y diversas herramientas menores.

La operación contó además con la presencia de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA), así como representantes del Ministerio de Energía y Minas en La Libertad y de la SUCAMEC, quienes supervisaron que todas las acciones se ejecutaran conforme a la normativa vigente.

En paralelo, la ampliación del estado de emergencia mantiene restricciones estrictas en el distrito de Pataz, donde rige una inmovilización social obligatoria desde las 10:00 p. m. hasta las 5:00 a. m. Durante este periodo se suspenden derechos constitucionales vinculados a la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la seguridad personal. Quedan exceptuados los trabajadores de servicios esenciales, así como personas que requieran atención médica urgente o adquisición de medicamentos, permitiéndose también el funcionamiento de farmacias y boticas.

Finalmente, el Comando Unificado Pataz reiteró su compromiso de continuar enfrentando la minería ilegal y los delitos asociados, asegurando que mantendrá sus esfuerzos para restablecer la seguridad, promover la paz y reforzar la legalidad en favor de la población de la provincia.