La extinta minera Doe Run Perú S.R.L. ya cuenta con un nuevo liquidador. Según una resolución notificada el lunes 17 de noviembre, la Comisión de Procedimientos Concursales de Indecopi designó a Alva Legal Asesoría Empresarial S.A.C. para continuar con el proceso de liquidación, que aún incluye la liberación de un fideicomiso de US$19,4 millones.

La decisión se tomó tras la falta de quórum en la Junta de Acreedores, cuyas reuniones estaban programadas para los días 7 y 12 de noviembre. El documento de Indecopi también señala que Consultores A-1 S.A.C. y Consultoría A S.A.C. no cuentan con registro vigente para asumir funciones de liquidador en procedimientos concursales.

Según los considerandos de la Comisión, la elección de Alva Legal se fundamenta en que la firma posee el registro más antiguo y, en comparación con Marco Eusebio Chávez Magán, mantiene un menor número de procedimientos activos a través de la “Bolsa de Liquidaciones”. La designación se realizó conforme al artículo 97.4 de la Ley General del Sistema Concursal.

El liquidador deberá ejecutar todos los actos relacionados con la venta de activos, emitir el informe final de liquidación y presentar la solicitud de declaración judicial de quiebra, sin necesidad de contar con un convenio de liquidación, salvo que la Junta de Acreedores disponga lo contrario.

Antes de su nombramiento, los extrabajadores de Doe Run cuestionaron la postulación de Alva Legal, presentando el 10 de julio una objeción por presunto conflicto de interés. Según ellos, la firma mantiene vínculos con Doe Run Cayman, Depósitos Químicos Mineros S.A. y AYS S.A.C. en Liquidación, todos acreedores de Doe Run Perú.

Estas preocupaciones también fueron elevadas a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) a inicios de agosto, señalando que Alva Legal mantiene relaciones con el Estudio Muñiz, que representa a Doe Run Cayman. Asimismo, los extrabajadores cuestionaron a Sonia Alva Rodríguez, representante de la firma, por su paso como funcionaria de la Comisión de Procedimientos Concursales y de la Sala Concursal de Indecopi.

Para los trabajadores, los acreedores comerciales buscan recuperar sus deudas millonarias antes que satisfacer los créditos laborales. Luis Cuadrado, representante del crédito laboral, afirmó que Indecopi desestimó sus observaciones y criticó que se nombre a un liquidador con cuestionamientos pendientes y denuncias penales. Señaló además que la Junta Única de acreedores habría sido el mecanismo adecuado para elegir al liquidador, pero el caso se envió a la Bolsa de Liquidación, prolongando un proceso que ya dura más de 14 años y afecta a 3.500 trabajadores y sus familias.

Actualmente, los extrabajadores esperan que Alva Legal muestre disposición para dialogar con los acreedores laborales y resolver el destino del fideicomiso de US$20 millones retenido por Scotiabank. Cuadrado advirtió que, de no avanzar, se convocarán asambleas y acciones de protesta. “Necesitamos un liquidador que priorice el pago a los trabajadores y no solo a los acreedores comerciales. Si Alva Legal está dispuesto a conversar, apoyaremos que este proceso culmine”, concluyó.