La minería en México atraviesa un momento de creciente inquietud debido a su régimen fiscal. De acuerdo con la Cámara Minera de México (Camimex), el país se ha convertido en una de las jurisdicciones más costosas para operar en América Latina, superando en carga impositiva a naciones como Perú, Chile y Brasil. Esta situación ha encendido alertas entre inversionistas y analistas, quienes advierten sobre el impacto que esto podría tener en la competitividad y en la atracción de capital en el largo plazo.

Entre 2016 y 2020, las compañías del sector minero pagaron más de 161 mil millones de pesos en impuestos y derechos, según datos de Camimex. Este monto incluye el ISR, el derecho especial sobre minería y diversas contribuciones específicas. En total, dichas cargas representan alrededor del 52.7% de las utilidades antes de impuestos, un nivel que supera significativamente al de otros países mineros de referencia.

Un informe de PwC sobre la industria minera global refuerza esta perspectiva, señalando que la carga fiscal efectiva en México puede superar el 55%, dependiendo del tipo y ubicación del proyecto. En contraste, Chile presenta un promedio cercano al 41% y Perú alrededor del 47%, ambos países considerados entornos más estables y atractivos para la inversión minera en la última década.

A los impuestos federales se suman derechos mineros, contribuciones estatales e impuestos locales que incrementan el costo operativo de las empresas. Además, la propuesta del gobierno federal para eliminar la deducibilidad de diversos gastos de exploración ha generado preocupación adicional, pues podría limitar la viabilidad de proyectos en fases tempranas, considerados los más riesgosos.

El Ejecutivo argumenta que se busca asegurar una contribución justa de la minería al desarrollo nacional, especialmente en regiones donde la actividad no se traduce en beneficios tangibles para la población. Sin embargo, la industria sostiene que ya aporta de manera considerable y que requiere incentivos adecuados para sostener el crecimiento y la exploración en el mediano y largo plazo.

Durante 2023, la inversión extranjera directa en minería registró una disminución en comparación con años previos, una tendencia vinculada por el sector a la incertidumbre fiscal y regulatoria. Camimex ha advertido que, si estas condiciones persisten, México podría perder terreno frente a países con regímenes fiscales más estables y predecibles, pese a contar con un potencial geológico similar.

Especialistas en política fiscal señalan que una elevada carga impositiva no necesariamente asegura mayores beneficios para el Estado. En sectores intensivos en capital como la minería, el equilibrio es fundamental: se requiere una recaudación eficiente que no comprometa la rentabilidad ni inhiba el desarrollo de nuevos proyectos. En este sentido, destacan modelos como el chileno, que incorpora regalías variables ajustadas a los precios internacionales del cobre.

Pese a los desafíos, la minería mexicana continúa siendo un pilar económico. Aporta más del 2.5% del PIB, genera más de 400 mil empleos directos y sostiene la actividad económica en estados como Sonora, Zacatecas, Durango y Chihuahua. Sin embargo, expertos advierten que sin un marco fiscal y jurídico claro, la exploración —base del futuro minero del país— podría verse comprometida, afectando la posibilidad de descubrir nuevos yacimientos y asegurar la producción en los próximos años.