En una conferencia de prensa realizada en el Congreso de la República, el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, afirmó que la minería artesanal necesita más tiempo para formalizarse, al ser consultado sobre el futuro del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). El premier precisó que la ampliación del proceso de formalización se encuentra actualmente “en manos del Congreso”, por lo que será el Poder Legislativo quien determine los próximos pasos.

Las declaraciones del jefe del Gabinete se dan en medio del pedido de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin), cuyos representantes solicitan extender por cinco años más el plazo del proceso de formalización minera. Según el gremio, el tiempo actual no es suficiente para culminar los procedimientos requeridos por la normativa vigente.

Por tercer día consecutivo, miembros de la Confemin protestaron frente al Congreso, exigiendo una nueva prórroga ante el entrampamiento de la Ley Mape, norma que busca actualizar el marco legal para la pequeña minería. Los manifestantes advierten que, de no aprobarse una ampliación, la vigencia del Reinfo vencerá el 31 de diciembre de este año, dejando a miles de pequeños productores mineros en una situación de incertidumbre.

“En caso no se apruebe la Ley Mape, pedimos que se amplíe el proceso de formalización, porque elaborar una ley integral requiere tiempo”, señaló Máximo Franco Bequer, presidente de la Confemin, desde Campo de Marte, donde los gremios se concentran. “La experiencia nos ha demostrado que ni en un año ni en doce se ha podido completar el proceso; creemos que con cuatro o cinco años adicionales podríamos trabajar una ley consensuada que beneficie realmente a los mineros”, agregó.

El Reinfo es un registro administrado por el Ministerio de Energía y Minas (Minem) que agrupa a las personas naturales y jurídicas que desarrollan actividades de pequeña minería o minería artesanal. Su inscripción permite a los operadores en proceso de formalización continuar sus labores sin incurrir en responsabilidad penal por el delito de minería ilegal, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por el Estado.