La contaminación de los ríos causada por la minería ilegal ha alcanzado niveles críticos en el Perú. En las últimas dos décadas, se han vertido más de 3.000 toneladas de mercurio en los principales afluentes del país, con consecuencias graves para la salud humana, la biodiversidad y la seguridad alimentaria. La cifra, presentada durante el Foro del Agua de PERUMIN 37, expone la escala de una problemática que pone en riesgo el acceso al agua limpia para millones de personas.

Según Yury Pinto, director general de Políticas e Instrumentos de Gestión del Ministerio del Ambiente (Minam), la minería ilegal representa hoy una de las amenazas más graves tanto para el medio ambiente como para las comunidades. Advirtió que esta actividad, muchas veces camuflada como informal, está avanzando incluso sobre zonas donde está legalmente prohibida, como cabeceras de cuenca y cuerpos de agua.

“No podemos hablar de formalización cuando se está interviniendo fuentes hídricas”, señaló Pinto, remarcando que la minería ilegal en estos contextos constituye una agresión directa a la sostenibilidad del país. Esta posición fue respaldada por líderes indígenas y comunidades que viven diariamente los impactos de esta práctica.

En regiones como Madre de Dios, los efectos ya son devastadores. Teresita Irene Antazú López, lideresa del pueblo Yanesha, relató que los habitantes de su comunidad deben caminar largas distancias para encontrar agua limpia. “Los mineros ilegales envenenan el agua y los peces. La gente ya no puede bañarse porque la piel se les irrita”, denunció.

El problema no solo afecta la salud y el acceso al agua: también se ha traducido en la pérdida de más de 100.000 hectáreas de bosques amazónicos hasta 2014, según datos del Minam. Además, la recuperación de suelos y fuentes hídricas contaminadas puede tardar décadas, mientras las comunidades viven expuestas a metales pesados que impactan su salud y seguridad alimentaria.

En este contexto crítico, el Congreso de la República evalúa el proyecto de nueva Ley de Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE), cuyo contenido preocupa a expertos y autoridades ambientales. Pinto advirtió que algunos artículos del predictamen permitirían legalizar actividades en zonas actualmente restringidas, incluyendo márgenes de ríos, terrazas aluviales y áreas próximas a reservas naturales.

“Permitir la formalización en cuerpos de agua sería legalizar la destrucción”, alertó el funcionario, quien subrayó que los efectos del mercurio y otros contaminantes en los ecosistemas acuáticos son irreversibles. Organizaciones ambientales han expresado su rechazo a cualquier normativa que debilite los controles en zonas ecológicamente sensibles.

Uno de los casos más graves se registra en la región La Libertad, donde la minería ilegal se ha expandido en provincias como Pataz, Sánchez Carrión y Santiago de Chuco. Informes del Minam, OEFA y SENAMHI revelan que los niveles de arsénico, plomo, cadmio y mercurio en el río Moche superan ampliamente los estándares internacionales, afectando la agricultura y la salud de las comunidades locales.

Ante la magnitud del problema, el Gobierno ha aprobado una estrategia nacional para enfrentar la minería ilegal, con énfasis en fiscalización, control de la comercialización, cooperación interinstitucional y sanción al crimen organizado. Sin embargo, especialistas advierten que sin un enfoque integral y sostenido, el daño seguirá creciendo. La minería ilegal no solo contamina ríos y bosques: también erosiona los derechos fundamentales y el bienestar de millones de peruanos.