Tras aceptar la renuncia de Luis Montero al frente del Ministerio de Energía y Minas (Minem), como parte de la conformación de un nuevo Gabinete del Gobierno de transición, el presidente del Perú, José Jerí, tomó juramento a Luis Enrique Bravo De La Cruz como nuevo titular del sector minero energético.

Bravo De la Cruz, ingeniero de profesión, ocupó cargos técnicos y administrativos en el sector eléctrico del Perú, el último de ellos en Electrocentro, donde venía ejerciendo desde setiembre del 2002 hasta ahora como Gerente Técnico.

Previamente, había sido Gerente de Distribución en esa empresa estatal, que es parte del Grupo Distriluz, coordinando labores técnicas y operativas para garantizar el suministro de electricidad en su zona de influencia.

Especializado en sector energético

Anteriormente, se había desempeñado como asesor de Alta Dirección del Despacho Ministerial del Minem, durante la gestión de la entonces ministra de Energía y Minas Alessandra Herrera Jara, cargo al que renunció en mayo del año 2022.

Su perfil profesional está vinculado a la planificación y gestión de inversiones energéticas, así como a la regulación técnica y administrativa de proyectos de distribución eléctrica en el ámbito nacional peruano.

En tal sentido, la gran pregunta es si, como experto en el sector eléctrico, Bravo de la Cruz estará en condiciones de retomar la solución a los retos que estaban pendientes de resolver en el Minem, y que están referidos particularmente a los sectores de minería e hidrocarburos.

Los desafíos que debe enfrentar Bravo

Como se recuerda, uno de los temas más álgidos es el de avanzar en el proceso de formalización de la minería informal que asumió el Minem mediante el Decreto Supremo 012-2025-EM en junio último, y que tiene como fecha de conclusión el 31 de diciembre de este año.

Tras la primera «gran depuración» del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) el 30 de junio (que excluyó a 50,565 mineros informales), quedan por formalizar a 31,560 mineros inscritos en ese padrón.

Sin embargo, el mayor desafío es evitar la extensión misma del REINFO, cuando diversas bancadas han planteado propuestas para extender la vigencia de ese mecanismo más allá de fines de este año, e inclusive hasta el 2029 (como propuso recién la bancada de Podemos Perú).

El vínculo con la inseguridad por resolver

Como se sabe, el REINFO es un mecanismo no solo usado por los mineros informales, sino también por la minería ilegal, la cual ha sido directamente vinculada al crimen organizado que es hoy la principal preocupación del país, y cuya falta de solución llevó a destituir a la presidenta Dina Boluarte.

Incluso, poco antes de dejar el cargo, el anterior ministro Montero había presentado un proyecto de decreto supremo (pendiente de aprobar) para agilizar la aprobación del Instrumento de Gestión Ambiental para la Formalización Minera (IGAFOM), antes que concluya este año.

En el mismo sector minero un desafío no menor es como mantener la producción de principales minerales que sustentan nuestra economía, como la del cobre y el oro.

Como hemos informado, en el caso del cobre, -salvo la mayor actividad de Las Bambas- parece haber alcanzado su máximo nivel de producción (estancado desde hace años en no más de 1.7 millones de toneladas anuales) lo que no permite al país aprovechar el boom de precios del metal rojo.

¿Qué pasará con Petroperú?

Asimismo, esa actividad está a la espera del destrabe de gran número de proyectos de construcción de nuevas minas, pues como se sabe, la mayoría que ha anunciado ese sector están referidos a proyectos de ampliación de minas ya operativas (salvo el proyecto Tía María).

Ello requiere se terminar de implementar la esperada Ventanilla Única Digital para la Minería, así como acelerar los procesos para la entrega de permisos y autorizaciones que necesita la industria minera desde la exploración.

En el ámbito de hidrocarburos la tarea pendiente de resolver es cómo enfrentar la creciente declinación en la producción de petróleo y gas natural, y la falta de inversiones en exploración, lo que nos hace más dependientes de las importaciones de combustibles a mayor precio.

Igualmente, quedó por resolver la crisis permanente que enfrenta Petroperú, su constante requerimiento de inyección de nuevos recursos fiscales para mantener su actividad y asegurar el suministro de combustibles a regiones donde no llega el sector privado.